Sare monta una protesta tras la regresión de grado al etarra Javier Zabalo
El Gobierno vasco aceptó el régimen de semilibertad a finales de febrero, que ha sido recurrido posteriormente por la Fiscalía de la Audiencia Nacional
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La red de apoyo a los presos de ETA (Sare) no ha tardado en reaccionar tras conocerse la regresión de grado para el preso Javier Zabalo. Después de acceder al régimen de semilibertad a finales del mes de febrero, éste etarra, con una condena acumulada de 25 años (de la que cumplió tres cuartas partes en octubre del año pasado), ha vuelto a la prisión de Zaballa, según ha confirmado Sare, mediando un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el tercer grado propuesta por la Junta de Tratamiento de la cárcel alavesa el pasado diciembre.
«Las decisiones excepcionales, crean situaciones de excepción y la Audiencia Nacional ha situado a Javier y su entorno en un procedimiento que genera mucho dolor«, denuncian en un comunicado el colectivo próximo a EH Bildu, que mantiene activa la movilización en favor de los presos de la banda terrorista y que ha visto como sus reclamaciones en materia de política penitenciaria han ido cumpliéndose sistemáticamente desde la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa.
Zabalo, en prisión desde 2006, cumple condena por delitos de atentado, estragos, incendio, lesiones, robo, falsificación y tenencia de armas y explosivos. Fue condenado en la Audiencia Nacional por el atentado fallido con coche bomba en el aeropuerto de Málaga en el año 2001, cuando, después de hacerse ilegalmente con un turismo, colocaron en su interior 53 kilos de tytadine. Integraba, junto a otros dos miembros de la organización terrorista, el 'comando Beorburu'.
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La noticia de su progresión de grado este mes de febrero causó rechazo entre las asociaciones de víctimas. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció que seguía vinculado a la izquierda aberzale, por lo que no existiría arrepentimiento de sus crímenes. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, afirmó entonces que las supuestas pruebas de arrepentimiento a la que se aferran en el Gobierno vasco para conceder terceros grados sean «unas cartas manuscrita que nunca se hacen públicas, mientras siguen vinculados a la izquierda abertzale« que les prohíbe expresamente el arrepentimiento.
«Esas cartas son una burla a este requisito legal. Es un insulto a las víctimas que se nos pidan actos de fe en esas cartas. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentidos», denunció la hermana de Gregorio Ordoñez, cuyas críticas a la actual política penitenciaria en el País Vasco han sido una constante desde el inicio de la legislatura. Esta recae por primera vez en manos del Partido Socialista de Euskadi (PSE), fruto del reparto de consejerías tras el acuerdo de Gobierno entre socialistas y el PNV, que brindó la presidencia a Imanol Pradales tras las ajustadas elecciones de abril de 2024.
La consejera de Justicia, María Jesús San José, que ostenta la gestión sobre la Administración Penitenciaria vasca, trató de fijar el arrepentimiento como requisito básico para las progresiones de grado. Sin embargo, en la práctica estos han continuado produciéndose en forma de goteo, uniéndose a los casos de libertad por cumplimiento. En el caso de Zabalo, la Audiencia Nacional ha interpuesto un recurso, que figuraba en el Observatorio penitenciario de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) del mes de febrero, tras el cual Sare ahora organiza una protesta en la localidad guipuzcoana de Urretxu.
Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional fundamenta su recurso en que el preso todavía no ha disfrutado de los permisos previos ordinarios de dos días. Tampoco del régimen de flexibilidad. Además, explican que «aunque el interno muestre una actitud favorable en el proceso de asunción delictiva, debe profundizar en este aspecto del tratamiento penitenciario». Informa Carmen Lucas-Torres.
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