Sare eleva a 52 las personas que podrían beneficiarse de la ley que rebaja las penas a presos de ETA

La modificación, introducida sin publicitarse en la Comisión de Justicia (incluso Vox y el PP votaron a favor al no percatarse del truco) y conocida el lunes de la semana pasada, supone la eliminación de una disposición adicional única en la Ley Orgánica 7/2014, sobre Intercambio de Información de Antecedentes Penales y Consideración de Resoluciones Judiciales Penales en la Unión Europea. Una exigencia recurrente del entorno de la banda terrorista, ya que dicha cláusula impedía que los etarras se acogiesen a la norma para ver reducidas sus penas en España con los años cumplidos en el extranjero.

Días de silencio después de conocerse por la prensa, Sare ha hecho público un comunicado en el que no solo celebra la modificación con la introducción de «dos apartados expresamente redactados teniendo en cuenta un perfil de personas condenadas», sino en el que ofrece una cifra concreta de los etarras que se verían beneficiados. Entre los 52 presos que podrían acogerse a los efectos retroactivos de la norma, sitúa a 4 en Francia, 46 en el País Vasco (12 en la cárcel de Martutene, 19 en Zaballa y 5 en Basauri) y 2 en Navarra.

No ha sido hasta que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pasado por alto el veto a la ley que el Partido Popular trató de imponer con su mayoría en el Senado, cuando el colectivo se ha pronunciado. Afirman que ahora se vuelve a la «normalidad» y cifran en 7 las personas que podrían salir de prisión este mismo año, aunque el «efecto de la norma no se puede calcular de manera precisa», por lo que denuncian que algunas de ellas ya habrían cumplido su pena pese a seguir en la cárcel. «Han cumplido prisión en exceso, y ello es irreversible», denuncian.

También reconocen que el resto «verán las fechas de finalización de su condena acercadas» y piden que se «agilicen los procedimientos que conduzcan a la aplicación de la ley, que no se vean entorpecidos por maniobras torticeras». Se refieren en este caso a una supuesta intencionalidad de los jueces por no hacerlo y ponen de ejemplo la ley de amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez que, según ellos, no se estaría aplicando con normalidad.

Tras este análisis sobre el cambio en la norma que califican de «ley de excepción», el colectivo de apoyo a los presos no se queda ahí y pone sobre la mesa más exigencias al haber entrado en «otro momento» político. «Teniendo en cuenta que la modificación de la LO 7/2014 colocará a varios de estos presos en situación de acceder al tercer grado y, con ello, a la libertad condicional, resulta obligado instarle para que no se demoren», trasladan, en un mensaje dirigido directamente a la Consejería de Justicia del País Vasco, que tiene la competencia sobre la Administración Penitenciaria y está dirigida por la socialista María Jesús San José.

«Con fuerzas renovadas por esta nueva situación, a nosotras y nosotros nos toca continuar dando pasos», afirman y fijan el siguiente en la derogación dela Ley Orgánica 7/2003, que establece el cumplimiento íntegro de penas para los condenados por terrorismo. Algo de lo que ha advertido esta misma mañana la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, quien ha dicho que se trata del próximo objetivo que cumplirá antes o después Pedro Sánchez bajo la batuta de EH Bildu.