Escoltas, los olvidados de la lucha contra ETA

El atroz asesinato en diferido de Blanco llevó al Gobierno, entonces presidido por José María Aznar, a poner escolta a buena parte de los ediles de los partidos constitucionalistas. En los primeros años, hasta 2000, eran las Fuerzas de Seguridad, incluida la Policía autónoma vasca, las que daban ese servicio. Pero los crímenes de concejales, intelectuales y periodistas no se detuvieron, y en muchas ocasiones los etarras elegían un objetivo que sabían que no llevaba protección.

En 2000 se decidió ampliar el abanico de escoltados a todos los concejales y candidatos de esas formaciones, además de a otros colectivos igualmente amenazados. «La Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza no tenían capacidad para dar ese servicio, así que hubo que recurrir a empresas privadas de seguridad», explica a ABC otro mando policial. Ese año había más de 300 personas protegidas; nueve después eran 1.500, muchas de ellas, además, con dos escoltas asignados.

El coste bruto de un servicio de alto nivel podía rondar los 300.000 euros y un escolta podía llegar a cobrar, en los primeros años, hasta 6.000 al mes. Hubo problemas. «Proliferaron las compañías privadas de seguridad -explica un tercer alto cargo de las Fuerzas de Seguridad-, que apenas daban abasto para contratar personal, a veces poco cualificado». El coste de la factura fue astronómico; nada menos que 1.625 millones de euros sólo en seguridad privada.

Los primeros años los escoltas «trabajaban sin apenas supervisión, declaraban cumplir el horario que les parecía oportuno y su coordinación con las Fuerzas de Seguridad era casi inexistente», explican los altos responsables de esos Cuerpos que tuvieron que lidiar con la nueva situación. «Ese descontrol inicial había que pararlo y para eso se creó un centro de coordinación de escoltas, con sede en Bilbao, del que formábamos parte mandos de la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza. Cada día los profesionales debían comunicar la hora de salida y de llegada y los lugares que recorrían, además, por supuesto, de alertar de cualquier situación extraña que detectasen. Se les dieron pautas de en qué cosas debían fijarse. Pero también había lugar para la picaresca, pues si el escoltado les pedía que no comunicasen algo no lo hacían, por esa relación de confianza, lógica, que se establecía entre ambos».

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Aunque hubiese abusos, que los hubo, la puesta en marcha de este servicio era imprescindible si se quería que los partidos constitucionalistas pudieran completar sus listas electorales y competir casi en pie de igualdad con los nacionalistas. El miedo se palpaba en los pueblos y las ciudades y era muy difícil que en esas condiciones alguien quisiera dar el paso de ir en una candidatura, por lo que le pudiera pasar a él pero también a su familia. «Si no se les protegía, el funcionamiento democrático en el País Vasco y Navarra se hubiera resentido aún más y los asesinos y sus cómplices habrían ganado nuevos espacios», sostienen las fuentes consultadas por ABC.

Cuando los escoltas informaban de algo que les había llamado la atención se producía una situación que podría denominarse de 'doble protección': «Los policías especializados en la lucha contra ETA realizaban de inmediato las investigaciones oportunas hasta que se descartaba que hubiera una situación de peligro y además se mantenía la escolta». Muy pocas veces esas alertas dieron lugar a investigaciones que culminaran con detenciones, pero sin duda contribuyeron a aumentar la sensación de seguridad entre los amenazados y quienes los protegían.

En la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno (2008-2011) el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, decidió acotar el número de personas que debían ser protegidas: «Primero por convicción personal -ETA enfilaba ya su derrota definitiva-; y segundo, por una brutal crisis económica que golpeaba sin piedad a España», rememora un mando policial que participó en esas reflexiones.

En uno de sus viajes el ministro se reunió con los responsables de la Policía y la Guardia Civil en el País Vasco y Navarra y les dijo: «Hay que reducir escoltas; económicamente este gasto no se puede asumir en un momento como este, y coincide además con que la banda está en una situación de debilidad máxima. Hay que analizar cada caso, y por supuesto no se le retira a ninguna persona que consideréis que de verdad tiene riesgo de sufrir un atentado. Pero al resto, fuera... Hay que bajar en un 50 por ciento los números actuales», ordenó Rubalcaba.

La retirada de protección fue vivida por algunos como una afrenta: «Si me matan, mi sangre caerá sobre sus hombros»

Fueron los responsables de la Policía y la Guardia Civil -de la Ertzaintza también, pero esta policía autonómica seguía los criterios del gobierno vasco-, los que decidieron a quién se le retiraba la protección y a quién no. «Esas decisiones nos costaron duras críticas por parte de algunos afectados, pero los profesionales éramos muy conscientes de que en ese momento el despliegue estaba muy sobredimensionado», dice uno de los mandos que tuvieron que seleccionar a los que iban a perder la protección.

La retirada de protección fue vivida por algunos, muy pocos, como una afrenta: «Si me matan, mi sangre caerá sobre sus hombros», le espetó a este responsable policial una mujer, entonces casada con un periodista, y luego insistió al coincidir con él en un acto: «'Que sepa que voy a llamar a Madrid por lo que ha hecho', me dijo. 'Haga usted lo que quiera', le tuve que responder, más serio de lo que me hubiera gustado».

Con el paso de los años, hasta octubre de 2011, cuando una ETA derrotada, arrinconada y sin apoyo social anunció que no volvería a matar, ese proceso de retirada de escoltas continuó de forma gradual, con más intensidad que un año antes cuando la banda anunció un alto el fuego «permanente, general y verificable».

El final de ETA condenó al ostracismo a estos profesionales de la seguridad.

Hubo promesas de que se les reciclaría, por, ejemplo en la vigilancia del perímetro de las prisiones, pero a la hora de la verdad son muy pocos los que lo consiguieron, generando en este colectivo un sentimiento de injusticia y falta de reconocimiento que continúa a día de hoy.

Todas las fuentes consultadas explican que los escoltas, aun con cosas mejorables, fueron importantes porque tenían un efecto disuasorio por una parte -el tiro en la nuca dejaba de ser una opción sencilla para matar-, y tranquilizador para el protegido por otra. Pero sobre todo consiguieron que muchas personas, al sentirse más seguras, decidieran mantener su compromiso político y no dar un paso atrás, que era precisamente lo que buscaban ETA y sus secuaces con su repulsiva «socialización del sufrimiento».