Los ocho presos de ETA abandonan la huelga de hambre tras concedérsele a uno de ellos la celda individual que pedía

Los hechos se remontan al pasado día 14, cuando Etxeberria fue trasladado desde la prisión palentina de Dueñas a la cárcel alavesa de Zaballa, en la que se le asignó una celda compartida con otro recluso. Ante ello, el preso de ETA pidió una celda individual, que se le denegó, por lo que el pasado día 19, comenzó una huelga de hambre, a la que posteriormente se sumaron otros siete.

Hoy mismo, Tinko ha dado a conocer que los reclusos de ETA «han ganado la lucha» al lograr «el compromiso de la cárcel», que, tal como ha subrayado esta organización proamnistía, le ha asegurado «que esta semana o la siguiente estará en un módulo normal y que no debe compartir celda con nadie más».

Por ello, han abandonado la huelga de hambre. Los reclusos que se habían sumado a la protesta de Garikoitz Etxeberria eran Jon Kepa Preciado, Orkatz Gallastegi, Mikel San Sebastián, Aitor Cotano, Dani Pastor y Jesús Mari Etxebarria, todos ellos en Zaballa, así como Patxi Ruiz, que cumple pena en Pamplona.

Garikoitz Etxeberria Goikoetxea fue uno de los últimos presos de ETA acercados al País Vasco por el Ministerio del Interior, que ha puesto fin a la política de dispersión en vigor como estrategia contra la lucha antiterrorista. Fue condenado en 2009 a 27 años y nueve meses de prisión por pertenencia a organización terrorista y por los delitos de transporte y depósito de sustancias explosivas, fabricación de aparato explosivo, falsificación de placas de matrícula y de documentos oficiales, así como por tenencia ilícita de armas.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, había explicado este martes, en respuesta a la huelga de hambre, que las normativas existentes «son para todos los presos, hayan pertenecido o no a ETA«, por lo que todos los reclusos »recibirán el mismo trato«.

En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha afirmado que se ha producido una «novedad» en las últimas horas en esta protesta. En todo caso, ha recordado que las decisiones que el Departamento de Justicia ha adoptado «están enmarcadas en el reglamento penitenciario en vigor», por lo que el Ejecutivo tiene «la obligación de hacer cumplir esa normativa penitenciaria».

Además, ha recordado que «es responsabilidad del Gobierno garantizar la vida, la salud y la seguridad de todas las personas que se encuentran presas en los centros penitenciarios vascos«, y que esto es, precisamente, »lo que está haciendo« el Ejecutivo.

A su vez, ha explicado que en el caso de la persona que inició la huelga, se le han venido realizando «los controles diarios de salud correspondientes», y que «de momento no muestra ningún síntoma que requiera de una atención especial«.