Los jueces tumban la exigencia del euskera en la Policía Municipal

La sentencia se refiere a un proceso de selección que se llevó a cabo en agosto de 2021. El Gobierno vasco abrió entonces una bolsa de interinos de la Policía Local, pero, según las bases de la convocatoria, únicamente fueron admitidos aquellos candidatos que acreditaron haber superado el nivel B2 de euskera. Se trata de una bolsa de trabajo a la que recurren ayuntamientos de las tres provincias vascas, con muy distintas realidades lingüísticas, y que está coordinada por el Gobierno vasco a través de cursos únicos de formación en la academia de la Ertzaintza de Arkaute (Álava).

Según el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), que depende del Departamento de Cultura y Política Lingüística y es el organismo encargado de acreditar los niveles de euskera, el nivel B2 se corresponde como el de un «usuario avanzado». La exigencia de este nivel provocó que muchos candidatos quedaran excluidos de la bolsa, al no poder acreditar dicho conocimiento. El sindicato UGT recurrió el proceso al entender que se estaba dando un trato discriminatorio a estos candidatos.

Precisamente esa expresión, «trato discriminatorio», es la que ha utilizado la magistrada ahora para argumentar su decisión. En el fallo asegura que una exigencia idiomática excluyente, como la que se ha planteado en la convocatoria, «contradice los principios inspiradores del acceso a la función pública». «Deja fuera a toda la población que no pueda acreditar ese perfil y que podría ocupar legalmente determinadas plazas en las que tampoco se requiere», añade. Por todo ello, ordena que se readmita en la lista de interinos a todos los candidatos que en su día se quedaron fuera por no tener el título de euskera.

Desde el sindicato UGT han mostrado su satisfacción por el fallo. Consideran que no tiene sentido exigir a los interinos un nivel determinado de euskera cuando, en algunos ayuntamientos, hay empleados que no tienen ese nivel del idioma vasco. Creen que tener en cuenta este conocimiento «como mérito» debería ser lo adecuado, pero que en ningún caso debería ser condición para ser admitido.

El secretario general del sindicato en el País Vasco, Raúl Arza, ha pedido en una entrevista radiofónica este lunes «no dramatizar». En su opinión, debería hacerse una «reflexión serena» sobre la exigencia de perfiles de euskera, más si cabe teniendo en cuenta que muchas administraciones vascas se encuentran en procesos de consolidación de puestos de trabajo. Ha advertido que hay trabajadores con décadas de servicio que pueden «perder su puesto de trabajo» por no poder acreditar determinados niveles de euskera. Ha insistido, además, en que es «muy raro» que en algún sitio de la Administración quien lo desee no pueda ser atendido en euskera, a pesar de que no todos los trabajadores tengan el título.

Desde el Gobierno vasco han confirmado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Esta decisión ya se intuía poco después de conocer el fallo, cuando desde el Departamento de Seguridad trasladaban a los medios de comunicación su desacuerdo con el fallo por considerar «estratégico» que la policía local de los municipios vascos pueda relacionarse en euskera con la ciudadanía.

Este martes el portavoz del Ejecutivo de Urkullu, Bingen Zupiria, ha insistido en que la sentencia no tiene en cuenta las leyes y los decretos para la normalización de la lengua vasca que se han aprobado en los últimos años y que por esa razón, presentarán el recurso. Ha recordado que en dichas normas se establece que la Administración vasca está «obligada» a atender a la ciudadanía en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Además, ha justificado la decisión de establecer el nivel B2 de euskera como requisito obligatorio en el hecho de que cada vez más ayuntamientos «solicitan que los policías locales tengan un conocimiento suficiente» del idioma. «Antes de pedir ese nivel ha habido problemas en algunos municipios», ha dicho en euskera.

Sin embargo, existen precedentes poco optimistas para el Ejecutivo de Urkullu. En mayo de 2021 ese mismo tribunal, el TSJPV, ya consideró que una clausula similar era «discriminatoria». La sentencia se refería a unas oposiciones para la Policía Local de Irún (Guipúzcoa), donde el título B2 de euskera también era un requisito excluyente. Los jueces consideraron entonces que exigir a todos los agentes un determinado nivel idiomático cuando la población vascoparlante apenas suponía el 8% del total vulneraba «el principio de igualdad para acceder a la función pública» recogido en la Constitución. Añadían además, que no era necesario exigir el idioma a todos los agentes para garantizar la atención en euskera a la ciudadanía. Si en esta sentencia se pronuncian en los mismos términos, dado que se trata de una bolsa de trabajo pensada para el conjunto de la comunidad autónoma, el euskera no podrá volver a ser requisito indispensable en futuras convocatorias.