El Gobierno vasco acuerda con el Estado la gestión integral de la acogida de refugiados

La Comisión Mixta de Transferencias ratificará este acuerdo en próximas fechas, después de que ambos ejecutivos hayan alcanzado este acuerdo para el traspaso a Euskadi de «funciones y servicios» en materia de inmigración, según ha informado el Ejecutivo vasco en un comunicado.

Con esta transferencia, el Gobierno vasco asume el desarrollo de la gestión integral del proceso de acogida de las personas refugiadas o asiladas en la fase de autonomía del sistema de acogida de protección internacional.

La fase de autonomía de las personas que han accedido a la condición de protección internacional tiene una duración máxima de seis meses, según ha detallado el Ejecutivo vasco. Durante este periodo de tiempo se les da apoyo para acceder a la formación para el empleo, se les acompaña en la búsqueda de vivienda y se les facilita actividades de inserción.

«En definitiva, se ayuda a estas personas a realizar un completo itinerario de inclusión e inserción en nuestra sociedad gestionado a través del Departamento de Igualdad, Justicia y políticas Sociales del Gobierno Vasco», ha subrayado.

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha afirmado que este traspaso «pone en valor otras políticas públicas que actúan sobre los procesos de integración de estas personas». «Un ejemplo lo tenemos en la transferencia cerrada la semana pasada, la de homologación de titulaciones extranjeras, teniendo en cuenta el contexto de alta demanda de personas trabajadoras cualificadas», ha señalado.

No obstante, el Ejecutivo ha aclarado que esta transferencia no se refiere a los procedimientos de asilo, que siguen siendo gestionados por el Estado, y ha detallado que tampoco afecta a la gestión de los centros de acogida a refugiados. «Se refiere al sistema de acogida e integración de beneficiarios de protección internacional, hasta ahora gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones», ha insistido.

En este sentido, ha resaltado que el País Vasco «cuenta con importantes competencias en diferentes ámbitos sectoriales que garantizan prestaciones para los beneficiarios de protección internacional» y ha añadido que, «desde hace muchos años, viene realizando estas labores de manera natural».

«Ese espacio competencial le ha permitido garantizar diferentes servicios públicos y prestaciones a los que pueden tener acceso los beneficiarios de esa protección internacional. Esta transferencia supondrá una intensificación de los programas en asistencia social y un impulso a la integración», ha destacado.

Por último, ha informado de que la valoración económica se ha llevado a cabo utilizando la metodología del Concierto Económico, de tal forma que el coste total anual a nivel estatal asociado al presente traspaso ascendería a 2,4 millones de euros.

En la ponencia, celebrada por vía telemática, han participado representantes de los Departamentos de Gobernanza Pública y Autogobierno, Economía y Hacienda, e Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco.

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