Covite denuncia homenajes de Sortu a etarras en 40 municipios por el 'Gudari Eguna'

No se trata únicamente de pequeñas localidades, donde acostumbran a producirse este tipo de actos sobre todo en fiestas populares. Grandes urbes como Pamplona, San Sebastián y Bilbao amanecieron a finales de la última semana con carteles y eventos dedicados a recordar a los antiguos miembros de la banda terrorista.

Es el caso de la capital navarra, de especial relevancia para la izquierda soberanista vasca por considerarla fundamental para su anhelado Estado independiente. Allí, Sortu, que ocupa un lugar clave en la coalición que conforma EH Bildu, programó un mitin donde su dirigente Lur Albizu habló de «un día especial» en la lucha contra «el nuevo fascismo y la extrema derecha».

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En San Sebastián colocaron un cartel con siluetas de los etarras Antonio Tolosa, Olaia Castresana, Oihane Errazquin y Luis María Zabaleta. Este último responsable de asesinar al guardia civil Isidoro Díez Ratón. En Bilbao, se exhibieron otras figuras reverenciadas en el entorno aberzale como Txabi Etxebarrieta, autor del primer asesinato de ETA en 1968.

Esta sucesión de homenajes llega al mismo tiempo que el Gobierno vasco se plantea empezar a sancionar la exhibición de simbología etarra. Fue el miércoles pasado cuando la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, anunció un nuevo régimen sancionador durante la exposición de las líneas estratégicas de su cartera en el Parlamento vasco.

Una iniciativa que al día siguiente apoyó el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en una visita a Bilbao, pero que, según trasladan a ABC fuentes del Departamento de Justicia, todavía tardará en aplicarse. «De momento no hay nada en concreto», afirman y explican que esperan el 'feedback' de las asociaciones que representan a las víctimas, y que se trata de un compromiso recogido en el acuerdo de Gobierno del PNV y el Partido Socialista de Euskadi (PSE).

Los socialistas tendrán trabajo durante esta legislatura en este ámbito pues, por primera vez, están a cargo de la competencia sobre la Administración Penitenciaria, traspasada al País Vasco en 2019 por Pedro Sánchez y que recae en Justicia. San José gestionará las concesiones de terceros grados a los presos etarras que todavía cumplen su pena en las prisiones del País Vasco.