La comunidad educativa muestra en el Parlamento vasco sus objeciones a la ley de Educación

La cuestión lingüística es, sin duda, la que más controversia ha suscitado desde un inicio. El proyecto de ley propone la creación de un sistema educativo «plurilingüe» que tenga «el euskera como eje». En la práctica, implica la desaparición de los tres modelos A (solo en castellano con la asignatura de euskera), B (parte de las asignaturas en euskera y parte en castellano) y D (solo enseñanza en lengua vasca). En su lugar, cuando la ley entre en vigor cada centro deberá desarrollar un plan ligústico adaptado a su realidad sociolingüística para lograr que todos los alumnos terminen bachillerato con un nivel B2 de vaso y castellano y un C1 de una lengua extranjera.

Para la asociación Escuela de Todos, ese nuevo modelo es «clasista, discriminador y contrario a la Constitución y al Estatuto del País Vasco» ya que, a su juicio, implica «de facto» la implantación de un modelo «de inmersión lingüística obligatoria». Josu Ugarte, representante de la asociación que ha tomado la palabra en la Comisión, ha destacado que si bien con el modelo actual se ha reducido significativamente la oferta de colegios con líneas solo en castellano, el hecho de que la mayoría de los alumnos «no puedan estudiar en su lengua materna» no se ha traducido en una «mejora sustancial del conocimiento» de la lengua vasca. Más bien ha ocurrido lo contrario y los resultados académicos del resto de asignaturas, como el caso de las matemáticas, han empeorado.

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De ahí que haya alertado de las consecuencias que podría tener para niños y niñas que vivan en entornos socioculturales más desfavorecidos. En su opinión, «en un modelo de inmersión lingüística» como el que consideran que resultará de la aplicación de la ley, serán los alumnos de familias de un nivel socieconómico y cultural bajo, y cuya lengua materna sea el castellano, quienes sufran «las peores consecuencias».

La cuestión lingüística también preocupa a la Confederación de Padres y Madres de Alumnos, EHIGE, que teme que también la propia enseñanza del euskera se vea comprometida. Creen que dejar que cada centro elabore su propio sistema lingüístico puede terminar por traducirse en «reducir el número de horas» que se imparten en esa lengua, lo que dificultaría, en su opinión, alcanzar los objetivos lingüísticos que fija la ley.

No obstante, su mayor preocupación pasa por la «sobreoferta» que se contempla para los centros privados. Hace años que en el País Vasco llama la atención que casi el 50% de los alumnos estudien en centros concertados, algo que para EHIGE es consecuencia de tres décadas de políticas educativas que se han apoyado ese tipo de educación, «en detrimento de la pública». Critican que el proyecto de ley proponga «continuar en la misma línea» y de ahí que en su comparecencia hayan mostrado su «rechazo rotundo» a la propuesta de la consejería de Educación.

«Están a tiempo de dar la vuelta a la ley», han advertido también desde la plataforma Euskal Eskola Publikoaz Harro (Orgullosos de la Escuela Pública), que este viernes también han convocado manifestaciones en las tres capitales vascas para alertar del «desmantelamiento» de la enseñanza pública. Lamentan que el texto no ponga «lo público en el eje» o que se siga permitiendo a los centros concertados «no cumplir la ley» en lo que se refiere al cobro de cuotas y a la selección» de alumnos. Destacan, además, que la supuesta «convivencia» que se promociona no es tal y que se están generando «tasas de segregación enormes».

A este respecto, María Eugenia Iparragirre, presidenta de Kristau Eskola, plataforma que agrupa a los colegios cristianos concertados vascos, ha asegurado que la gratuidad total de la enseñanza «requiere de un proceso». Ha pedido, para ello, «recursos económicos» suficientes que permitan dar «un tratamiento inclusivo y adecuado a la diversidad cultural y lingüística de las familias». También se ha pronunciado respecto a la laicidad del sistema educativo que establece el proyecto. Considera que se debería promulgar una laicidad «positiva» que haga al sistema educativo más «humanista, integrador e inclusivo». «La enseñanza religiosa no resulta un adoctrinamiento sino un enriquecimiento fundamental de la persona», ha concluido.