Una clínica que practica abortos en Vitoria pide amparo a la justicia ante la negativa de la Ertzaintza a intervenir en concentraciones provida

Los responsables de la clínica llamaron entonces a la Ertzaintza argumentando que se estaba violando la ley que prohíbe actos que coaccionen a las mujeres que acuden a abortar. Sin embargo, la policía autonómica no intervino porque, según han relatado los responsables de la clínica, entendieron que sujetar un cartel no supone una forma de intimidación.

ABC se ha puesto en contacto con los responsables de la clínica pero han declinado hacer declaraciones. En otros medios sí han explicado que han decidido pedir amparo judicial. Entienden que la mera presencia de activistas provida puede suponer una forma de intimidación para las mujeres que acuden a interrumpir su embarazo.

La clave del asunto está en la redacción de la ley. El texto no prohíbe las concentraciones, sino el acoso a las pacientes y los sanitarios, y en este caso la Ertzaintza hasta el momento no apreció esa «coacción evidente» que los responsables de la clínica sí consideran que existe. El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha explicado en la reunión posterior al Consejo de Gobierno que la ley permite concentraciones de menos de 20 personas sin necesidad de pedir permiso, y que, por lo tanto, «no se estaría vulnerando ningún precepto legal».

Zupiria ha explicado que el derecho a la interrupción del embarazo está «reconocido por ley» y que nadie que cumpla las condiciones para acogerse a él debería sufrir «ninguna coacción». Sin embargo, ha recordado que la legislación también protege el derecho de manifestación siempre que la protesta no busque «atentar» contra los derechos de ninguna otra persona. «La Ertzaintza considera que en la forma en la que se están produciendo las concentraciones, no se está vulnerando ningún precepto legal», ha concluido.

La denuncia de la clínica Vitoriana es la primera que trasciende al amparo de la nueva ley del aborto. Será, por tanto, la primera vez que se pronuncien los tribunales sobre esta cuestión. Su decisión podría marcar la forma de actuar ante concentraciones similares en otros puntos de España.