Cien hosteleros vascos ya reclaman indemnizaciones por las restricciones ilegales de la pandemia

Los requerimientos están dirigidos a la Consejería de Salud, ya que fue la consejera Gotzone Sagardui quien firmó las órdenes que obligaban a los cierres entre los dos estados de alarma. Son reclamaciones individuales porque la ley obliga a que sea cada perjudicado quien solicite las compensaciones oportunas; sin embargo, la mayoría se agrupan en el bufete de bogados Valora Asociados Asesores (BK Valora), con sede en Burgos.

Sergio Carpio, director jurídico del despacho, confirma que el número de reclamaciones ya interpuestas supera el centenar y que algunas de ellas solicitan cantidades superiores a los 18.000 euros. En la práctica, esto implica que el Gobierno vasco podría tener que afrontar, solo atendiendo estos primeros requerimientos, compensaciones económicas que fácilmente podrían superar el millón de euros.

Carpio explica a este periódico que lo que se solicita es compensar los «daños económicos» que causaron a estos negocios las restricciones a la hostelería aprobadas por el Gobierno vasco, y que fueron declaradas ilegales por los tribunales. «Estamos intentando hacer una aproximación de las pérdidas», explica el letrado, que representa a la mayoría de los que ya han presentado la demanda. Este proceso resulta más sencillo cuando los negocios están constituidos como sociedades mercantiles, ya que se puede valorar las pérdidas comparando el resultado económico de 2020 con las cuentas que cerraron en 2019. «Hay otros casos, como el de los hosteleros autónomos, donde es más difícil valorar las pérdidas», explica.

Pese a esas dificultades, los hosteleros vascos no tienen intención de cejar en su empeño. Desde las asociaciones de hostelería del sector, como la de Vizcaya, han estado todo este tiempo «informando» de los procedimientos que podían iniciar sus asociados, aunque luego las reclamaciones tienen que ser procesos individuales. «En general estas medidas han provocado muchas pérdidas y también un fuerte endeudamiento», explica Héctor Sánchez, gerente de dicha asociación, que advierte, además, de la situación delicada a la que están teniendo que hacer frente ahora muchos hosteleros que empiezan a tener que afrontar los pagos de los créditos ICO que recibieron.

En todos sus recursos los hosteleros utilizaban el mismo argumento para recurrir las medidas: entendían que ninguno de los estudios esgrimidos por el Ejecutivo vasco demostraba que los locales de hostelería eran más peligrosos que otros establecimientos; y que, sin embargo, sólo se ordenaba el cierre de bares, restaurantes y ocio nocturno. Los tribunales les dieron una y otra vez la razón, y tras admitir en un primer momento las medidas cautelares que permitieron su reapertura, en diciembre de 2021 declararon finalmente ilegales los cierres ordenados por el Gobierno vasco con una sentencia que abría la puerta a solicitar indemnizaciones.

«Nos encontramos ahora en ese momento», explica Carpio. El procedimiento obliga a reclamar primero por la vía administrativa; es decir, ante la consejería de Salud. Solo cuando esta se pronuncie denegando las peticiones podrán acudir a la justicia ordinaria, algo que en la Asociación de Hostelería de Vizcaya dan casi por «seguro». Podría incluso darse la circunstancia de que ante un recurso en primera instancia, sea el polémico juez Luis Garrido, el presidente de la sala que tumbó las medidas anticovid, quien se pronuncie también sobre las indemnizaciones.

Por el momento son un centenar los hosteleros que ya han iniciado el procedimiento, la mayoría agrupados en una asociación alavesa, aunque Carpio vaticina que pronto podrían ser «muchos más». En todo el País Vasco hay censados más de 12.500 establecimientos de hostelería y en este bufete burgalés ya están analizando el caso de gimnasios, salas de escape o salones de juego. De hecho, el letrado cree que cualquier sector que «pueda acreditar pérdidas» podría también reclamar ahora que las medidas se han declarado ilegales.

A todo ello hay que añadir que el TSJPV todavía tiene pendiente pronunciarse acerca del cierre decretado para las Navidades de 2021. Los jueces denegaron las medidas cautelares que solicitaban los hosteleros porque entendían que «luego podrían compensarse» estableciendo indemnizaciones. Desde la consejería de Salud prefieren, por el momento, guardar silencio al respecto.