El campamento con los monitores desnudos en Álava pone en duda la protección del menor en el País Vasco

El escándalo se dio a conocer a través de la prensa cuando las familias acudieron primero a 'elcomun.es' para denunciar lo que sus hijos les habían contado a la vuelta de este 'udaleku' (campamento en euskera) que se celebró entre el 8 y el 23 de agosto. Incluido un presunto caso de acoso sexual a una menor por parte de otro, que se habría puesto en conocimiento de los responsables sin que estos hicieran nada (algo que ellos niegan, además de denunciar una campaña de «transfobia»). Los menores relataron como las duchas eran mixtas y los monitores, que entraban en ellas, se paseaban desnudos por las instalaciones. Unas prácticas que justifican en su enfoque educativo «transfeminista», pero que no aparecen en su publicidad, donde inciden en su apuesta por la «cultura vasca» y su promoción de un «ambiente de cuidado mutuo entre educadores, niñas, niños y jóvenes, y entre sí, celebrando la diversidad».

El jueves de la semana pasada, tras estallar el caso, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria salía al paso para decir que el centro no aparece registrado públicamente como centro educativo ni como una colonia. Por su parte la Diputación de Álava reconocía saber del lugar, en funcionamiento desde hace cincuenta años, pero deslizando que su actividad estaba al margen de la institución. De la misma forma, el ayuntamiento de la localidad no se hacía responsable. El argumento, que también esgrimió el Ararteko (Defensor del pueblo vasco) tras recibir una queja de Abogados Cristianos, es que se trata de una organización «privada» y el conflicto es «entre particulares». El coste por los 15 días era de 375 euros y se desconoce si la asociación está subvencionada.

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Gerard Bono

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Sí se sabe que la Ertzaintza tenía conocimiento desde finales de 2024 de que algo estaba ocurriendo en los campamentos de 'Sarrea Euskal Udalekua'. Fue entonces, al ser alertada, cuando inició una investigación y cuatro meses después remitió atestado al Juzgado de Instrucción nº3 de Vitoria, pero, tal y como explicó este lunes la Fiscal Superior del País Vasco, el caso «quedó en un limbo». Carmen Adán, que dijo haber conocido el caso por los medios de comunicación, afirmó que dicho atestado no llegó a la Fiscalía desde el tribunal. Tampoco por parte de la Unidad de Menores de la Ertzaintza, por lo que «no motivó la incoación de diligencias previas que es obligada». En un comunicado hecho público tras las palabras de la Fiscal Superior, la Ertzaintza reconocía cuatro denuncias relacionadas con el caso. La primera se interpuso el 25 de agosto de este año, al finalizar el campamento, por hechos que se remontan cuatro años atrás. Tanto en el enclave alavés en 2023 y 2024, como en otro campamento gestionado por el mismo grupo en Abaigar (Navarra) en 2021 y 2022.

Según 'El Correo', estas ya llegan a la docena y ponen en conocimiento, además de lo antes expuesto, que dos educadores mantuvieron relaciones sexuales a la vista de los menores que asistían al 'udaleku' o que otro monitor apareció ante ellos con los genitales plastificados durante una representación teatralizada de escenas de la mitología vasca. El Juzgado de Instrucción nº3 de Vitoria ya ha citado a declarar esta misma semana tres «víctimas-testigo».

El escándalo está teniendo tal impacto que ha llevado al Gobierno vasco a cambiar de posición, al menos públicamente. Si bien después de conocerse el fallo de coordinación entre la Ertzaintza y los tribunales y la Fiscalía, insistían en dejar trabajar a la Justicia al ser preguntados por futuras medidas, este miércoles el Consejero de Seguridad ya dejo caer la posibilidad de revisar la normativa que afecta a la protección al menor. Una cuestión que regula la Ley de Infancia y Adolescencia, pero que no está realmente encima de la mesa del Ejecutivo, según las fuentes consultadas.