La Audiencia Nacional rechaza cinco terceros grados a etarras concedidos por el Gobierno vasco

Por lo tanto, son ya cinco los regímenes de semilibertad aprobados por el Ejecutivo de Urkullu que ha anulado la Audiencia Nacional. En estos meses la Consejería de Justicia, Políticas Sociales e Igualdad se ha esforzado en explicar que las progresiones de grado se conceden atendiendo a «criterios técnicos». Aseguran que no se da un tratamiento diferenciado a los presos de ETA y que en todos los casos las juntas de tratamiento realizan sus informes después de realizar «análisis exhaustivos». A principios de abril incluso presumían de la buena aceptación que había tenido su criterio, después de que la Fiscalía únicamente recurriera uno, el de José María Arregui Erostarbe, 'Fiti', de los ocho terceros grados concedidos en la que fue su primera decisión de este tipo.

El problema es que lo que empezó siendo una excepción, parece haberse convertido en norma. Cuando acaba de cumplirse un año desde que el Gobierno vasco empezó a aplicar su política penitenciaria propia, la actuación de la Fiscalía se ha multiplicado. Hasta ahora se hablaba de hasta 16 progresiones de grado recurridas, pero ABC ha podido saber de fuentes jurídicas que son ya 21 los recursos que se acumulan en el despacho del juez de la Audiencia Nacional.

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Cinco de ellos corresponden a los cinco terceros grados revocados desde el verano. Según confirman esas mismas fuentes, en otros tres, el magistrado ha dado la razón al Gobierno vasco y ha desestimado los argumentos de la Fiscalía. Sin embargo, la decisión aún no es definitiva porque los tres casos se encuentran recurridos en apelación en la sala de lo Penal. Este movimiento obligará además a pronunciarse a la sección primera, que es la Sala de lo Penal de la que depende Vigilancia Penitenciaria. Entre ellos se encuentra el magistrado José Ricardo de Prada, que hace unos meses despertó la indignación de las asociaciones de víctimas al rebajar los requisitos para aceptar el arrepentimiento de los etarras.

Terceros grados rechazados (I)

Aitor Esnaola

Era uno de los responsables de custodiar el depósito de más de 1.300 kilos de explosivos que ETA acumuló y que luego utilizó para dinamitar la tregua declarada en 2006 con el atentado mortal de la T-4 en Barajas. La Audiencia Nacional lo condenó a once años de cárcel por depósito de explosivos y tenencia ilícita de armas.

Mikel San Argimiro

Fue uno de los etarras que participó en el año 2002 en la colocación de un coche bomba junto al estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. En el atentado resultaron heridas 22 personas. También intentó asesinar a los exministros socialistas José Barrionuevo y Matilde Martínez. Acumula una condena de 350 años de cárcel.

Iñaki Bilbao Gaubeka

Perteneció al comando Vizcaya y fue el encargado de realizar seguimientos para atentar contra el exconsejero de Interior vasco, Juan María Atutxa (PNV), y contra el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz. Ingresó en prisión el 10 de junio de 1998 para cumplir una condena de 25 años de cárcel por varios delitos de asesinato en grado de tentativa.

Y es que, precisamente las cartas de arrepentimiento que presentan los terroristasson la clave de las revocaciones de terceros grados aprobadas hasta ahora. En los últimos tiempos se habían generalizado textos tipo en el que los etarras utilizaban fórmulas genéricas para desmarcarse de la violencia y pedir perdón. El criterio de la Fiscalía está siendo, sin embargo, el de no aceptar esas formulaciones genéricas como muestra de perdón, por considerarlas genéricas y poco sinceras.

Terceros grados rechazados (II)

Gorka Martínez

Formó parte del comando que intentó asesinar cinco veces al expresidente del Parlamento vasco y exconsejero de Interior Juan María Atutxa. También intentó matar al sargento José Carollo y está condenado como cooperador en el asesinato del guardia civil Benigno Villalobos. De cumplirse íntegra, su pena se extendería hasta 2028.

Xabier Atristain

Recibió instrucción en Venezuela antes de integrarse en el comando Imanol. En el año 2013 fue sentenciado a de 17 años. Consiguió que el Tribunal de Derechos Humanos (TEDH) obligara a España a revisar su condena porque parte de ella se basó en una confesión bajo torturas. El Tribunal Supremo ratificó su sentencia inicial.

De hecho, ese fue el principal argumento del juez para revocar la semilibertad de Iñaki Bilbao Gaubeka y Gorka Martínez Ahedo en el mes de junio. El juez destacó que en los escritos de los etarras «ni siquiera» se referenciaba a las víctimas y que por lo tanto no podía entenderse como una «manifestación de perdón a las víctimas de su actividad delictiva». Argumentos muy similares sirvieron para devolver a la cárcel a Xabier Atristain en el mes de octubre. El juez dio la razón al fiscal porque entendía que en la carta tipo no se formulaba «petición de perdón a las víctimas». Destacaba que únicamente asumía «la responsabilidad delictiva de forma general y sin profundizar en los hechos».

Hasta ahora la Fiscalía siempre ha tratado de transmitir que sus recursos obedecen a un trato individualizado de los casos. Sin embargo, las cifras muestran que las progresiones de grado concedidas por el Gobierno vasco se recurren en un porcentaje muy elevado. En su primer año de gestión de las cárceles, a finales de septiembre, el Ejecutivo de Urkullu había concedido 25 progresiones de grado, a las que habría que sumar las que se hubieran decidido en las últimas semanas. Ahora sabemos que el fiscal al menos ha cuestionado 21 de ellas.

Desde la consejería de Justicia, Políticas Sociales e Igualdad han declinado hacer valoraciones al respecto. El Gobierno vasco mantiene el mismo discurso de los últimos meses: sus decisiones se basan en criterios técnicos y «no hay pie para el debate». «La última palabra la tienen los tribunales», zanjaba el martes el portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, en una rueda de prensa.