El TS sentencia que el sistema de becas del País Vasco discrimina a alumnos de territorios con menos recursos

El Supremo dictamina que el sistema de becas del País Vasco impide a otros estudiantes tener las mismas oportunidades

VitoriaActualizado:

El gabinete de Mariano Rajoy recurrió en 2016 el programa de becas educativas elaborado por el Ejecutivo vasco para niveles no universitarios. El motivo, argumentaron entonces los populares, radica en que la cuantía de dichas ayudas vulneraban la homogeneidad del sistema estatal. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que finalmente ha dado la razón al Estado.

Para conocer en profundidad los hechos hay que remontarse a junio de 2016, cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto dos años antes por el abogado del Estado contra el sistema de becas no universitarias elaborado por el Gobierno autonómico en los cursos 14/15 y 15/16.

Entre otras razones, el Estado alegó que el sistema de becas vasco podría suponer un obstáculo para el rendimiento de los alumnos, dado que, al contrario que lo que establece el Real Decreto aprobado por el Gobierno central, en la Comunidad Autónoma no se exige la asistencia al 80% de las horas lectivas ni la superación del 50% de las asignaturas para acceder a las ayudas. Por otro lado, destacó que el programa genera «importantes desigualdades» entre Comunidades Autónomas, dado que favorece «a aquellos estudiantes que tuvieran la fortuna» de residir en territorios «con mayor disponibilidad financiera».

El sistema de becas elaborado en 2014 por el Partido Popular de la mano del exministro de Educación José Ignacio Wert establece una cuantía fija ligada a la residencia del solicitante de 1.500 euros, además de la posibilidad de acceder a otras variables. No se corresponde con el modelo del Gobierno vasco, que tampoco se adapta a los umbrales que determinan la cantidad que corresponde a cada familia en función de su renta.

Desde el Departamento de Educación reconocieron su sorpresa, dado que desde 1989, año en el que se materializó la transferencia en materia de enseñanza al País Vasco, la administración estatal nunca había puesto en cuestión su programa de becas para alumnos no universitarios.

El Gobierno que lidera Iñigo Urkullu presentó entonces un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, frente al que argumentó que la uniformidad mínima necesaria que establece la Ley Orgánica de Educación admite un régimen propio de becas y ayudas al estudio no universitario en virtud de la autonomía financiera del País Vasco y su Concierto Económico.

Sin las mismas oportunidades

En su sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, el Alto Tribunal sostiene que, de aceptarse la tesis de la Comunidad Autónoma vasca, se podría establecer «un sistema paralelo al del Estado basándose en su propia financiación», lo que, «a la postre», impediría a los estudiantes tener «las mismas oportunidades» que otros que residan en otros puntos del país.

«El sistema de ayudas sería distinto dependiendo de las asignaturas presupuestarias que cada Comunidad Autónoma destinase a tal fin, favoreciéndose a aquellos estudiantes que tuvieran la fortuna de residir en Comunidades Autónomas con mayor disponibilidad financiera», concluye la sala, que descarta que la normativa estatal constituya una garantía mínima que pueda ser ampliada o completada por las autonomías con cargo a sus propios fondos.

Fuentes del Departamento de Educación han rechazado opinar sobre una sentencia que, alegan, todavía están «valorando». Por su parte, el lendakari, Iñigo Urkullu, ha declarado en el pleno de control de este viernes que el dictamen del Supremo ejemplifica la necesidad de que la Comunidad Autónoma disponga de una capacidad plena para diseñar sus propias políticas.