El Parlamento vasco más cerca de aprobar su Ley de Memoria Histórica que se olvida de las víctimas de ETA

Hoy el Parlamento vasco ha sido el escenario de un intenso debate donde los grupos PP+Cs y Vox han reprochado de nuevo al Gobierno Vasco su « olvido » en su particular Ley de Memoria. Carmelo Barrio, portavoz del grupo popular, reprochaba a Urkullu haber llevado a la cámara un texto « incompleto » que se olvidaba de «realidades muy claras».

«¿Dónde está el proyecto totalitario de ETA en este proyecto de ley?», ha preguntado Barrio a la bancada del Gobierno inmediatamente después de mostrar su más «enérgica condena» al golpe de Estado, a la dictadura y a los crímenes cometidos por ambos bandos». «Una memoria histórica y democrática debe contemplar, para ser completa y veraz, todo lo que ha sido un obstáculo para la conclusión de la convivencia», ha añadido.

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, por su parte, calificaba la ley de « revanchista, tergiversada y castrada » porque, en su opinión, «persigue la consolidación de bandos enfrentados». Ha reprochado a los partidos de Gobierno que no se dedique «un solo capítulo» a la banda terrorista y a sus cómplices, y ha asegurado, que también echa en falta «referencias a las atrocidades cometidas por las fuerzas republicanas». Todo ello supone, para la parlamentaria de Vox, una prueba más del «blanqueamiento alentado por nacionalistas y socialistas».

A pesar de las críticas al texto legislativo, ninguna de las dos enmiendas a la totalidad que habían presentado tanto la coalición PP+Ciudadanos como Vox ha salido adelante. El resto de grupos se han unido para rechazar sus propuestas. Pese a todo, el PP seguirá intentando incluir modificaciones en el texto a través de otras 51 enmiendas parciales.

El lendakari, Iñigo Urkullu, ha sido el encargado de defender por parte del Gobierno el proyecto de Ley de Memoria histórica. En su discurso, en el que tampoco ha habido alusiones a las víctimas de ETA, ha asegurado que la ley busca «restaurar la memoria y la dignidad» de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. Ha apelado además al « acuerdo » entre los grupos de la Cámara para « enriquecer » el texto y reparar la «deuda» contraída con estas personas y sus familiares.

De hecho, el Parlamentario del PSE, Eneko Andueza, se ha acordado esta mañana de las víctimas de ETA. En su intervención ha recordado que la Cámara vasca ya ha aprobado leyes para recordar a las víctimas del terrorismo y que por lo tanto no debería ser materia de discusión en el pleno. Ha recordado que ETA cuando más asesinó y extorsionó «fue en democracia» y por eso, ha pedido « no confundir a la gente». «No debería ser necesario recordar que ETA existió hasta 2011», ha insistido para añadir que «ningún partido que se diga democrático puede oponerse a una ley como esta».

El debate ha subido de decibelios con la intervención del portavoz de EH Bildu, Julen Arzuaga, que directamente ha calificado de « obsceno » el hecho de presentar las enmiendas a la totalidad para «negarse a reconocer a los cientos de miles de asesinados, fusilados, desaparecidos, torturados y exiliados, derivados del golpe fascista». Arzuaga ha descrito lo vivido en la Cámara de Vitoria como «un insulto a las víctimas del franquismo» y ha acusado tanto a la coalición PP+Ciudadanos como a Vox de ser « herederos del franquismo ».

En un discurso, igualmente duro, el parlamentario de Podemos, Jon Hernández ha reprochado a PP+Cs y a Vox su opsición ante «cualquier ley de memoria histórica». Para Hernández «el comodín de ETA» no es más que una excusa y les ha reprochado que «su única intención es evitar que haya verdad y memoria porque les molesta».

Tras el rechazo a las dos enmiendas a la totalidad, a la Ley de Memoria vasca apenas le queda un último trámite parlamentario para incluir enmiendas parciales. En el texto que hoy sigue adelante con su tramitación parlamentaria, se prevé un reconocimiento individual a las víctimas mortales y el establecimiento de un día anual para el recuerdo y homenaje a quienes murieron durante la guerra civil y la dictadura.

Además se contemplan sanciones para castigar conductas que busquen destruir fosas comunes o ocultar documentos relevantes para la investigación. También se castigará a quienes organicen o promuevan manifestacioens y actos de conmemoración o exaltación del golpe militar de 1936 o de la dictadura. Las multas oscilan entre los 200 y los 150.000 euros .