En libertad la abogada Arantza Zulueta, considerada la cabecilla del frente jurídico de ETA

Este organismo, precisa, en una nota publicada este martes en su página web, que la letrada vizcaína ha quedado en libertad tras permanecer en prisión cuatro meses y medio .

Zulueta se encontraba en Picassent desde el pasado noviembre, cuando fue trasladada a esta cárcel desde la prisión alavesa de Zaballa, en una decisión que fue criticada tanto por Etxerat como por la red social Sare, que la consideraron un «retroceso» en política penitenciaria.

Los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza fueron los dos únicos de los 47 miembros del frente de makos de ETA condenados por integración en organización terrorista que fueron a prisión.

Una vez notificada la sentencia del caso, a la que se llegó tras un acuerdo de conformidad entre las defensas y las acusaciones, los dos abogados ingresaron de forma voluntaria en el Centro Penitenciario de Zaballa (Álava) el pasado 30 de septiembre.

En una comunicación, a la que tuvo acceso Efe, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a propuesta de la Junta de Tratamiento, acordó clasificar en segundo grado a Zulueta (condenada a 3 años, 6 meses y 17 días) y a Enparantza (condenado a 2 años, 7 meses y 3 días) y descontarles del total de la pena impuesta el tiempo que estuvieron en prisión provisional, también en cárceles fuera del País Vasco.

Zulueta estuvo tres años y un mes en prisión preventiva y Enparantza dos años y dos meses.

Los 47 miembros del frente de makos o de cárceles de ETA fueron condenados a penas leves de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía a cambio de reconocer su integración en la banda terrorista, y al que también se sumaron la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia.

Las mayores penas recayeron en Zulueta y Enparantza como principales responsables del órgano KT , coordinador del conocido como frente de makos o de cárceles de la banda terrorista.

Al aplicar a los 47 acusados la atenuante de confesión tardía, las penas quedaron sustancialmente rebajadas con las inicialmente solicitadas por la Fiscalía, que pedía para ellos entre 8 y 14 años de cárcel.