El lendakari pide a Sánchez un proceso «legal y pactado» para aumentar el autogobierno vasco

Una vez derrocado el PP, el Gobierno vasco intuye más cerca que nunca la posibilidad de hacer realidad sus pretensiones. El PNV interpreta que, según lo estipulado en el Estatuto de Guernica, el Estado ha de ceder a la administración autonómica en torno a 35 nuevas competencias, entre las que se encuentran la gestión de la Seguridad Social y la potestad para crear una política penitenciaria propia. En este sentido, el lendakari aseveró ayer que pondrá todos sus «esfuerzos» para «aprovechar la oportunidad» que les brinda la llegada al poder de Pedro Sánchez.

La confianza se ha apoderado de Urkullu, que, durante su intervención en la sesión de control de ayer, abogó por iniciar un diálogo «sincero» con el Ejecutivo del PSOE que permita abordar campos como el del nuevo estatus político para el País Vasco. Al respecto, confió en que la comunicación con Sánchez sirva para «profundizar» en el autogobierno vasco y para avanzar en la relación de «bilateralidad y respeto mutuo» entre ambas administraciones: «Espero que el nuevo Gobierno español sepa entender mejor temas como el cumplimiento íntegro del Estatuto y la convivencia normalizada», manifestó.

La tarde de ayer, el propio Sánchez realizó una llamada telefónica al dirigente nacionalista, que se encontraba en la inauguración del VII Congreso de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Según informó Efe, la conversación, que se produjo en torno a las 19.00 horas, tuvo un carácter de «cortesía».

A priori, el Gobierno vasco hallará en Madrid a un interlocutor más flexible que el que ha tenido hasta el momento. El propio PSOE reclamó hace unas semanas en el Senado el traspaso de la competencia de prisiones al País Vasco, mientras que Pedro Sánchez lanzó algún que otro «guiño» a la bancada nacionalista durante el debate de la moción de censura. El más importante es que seguirá adelante con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del PP, que incluye inversiones para la Comunidad Autónoma superiores a los 500 millones de euros. En todo caso, los populares hicieron valer su mayoría absoluta en la Cámara Alta para introducir cambios en las partidas.