Una juntera de Podemos Vizcaya denunciará a su grupo por acoso laboral

«Va a ser duro, pero no luchar es de cobardes». Con estas palabras ratificaba ayer Asun Merinero , juntera de Podemos en Vizcaya , su decisión de denunciar por la vía penal a sus compañeros de grupo, a los que acusa de abuso laboral. La dirigente morada pondrá en manos de los tribunales los acosos, coacciones y amenazas a los que supuestamente ha sido sometida desde el inicio de la legislatura. Un ambiente asfixiante que ya ha causado otra baja en el seno de la formación.

Se trata de la también juntera Elsa Pamparacuatro, que se encuentra de baja desde el pasado octubre por las secuelas psicológicas sufridas a raíz del acoso que sufría de mano de sus compañeros. No se trata únicamente de coacciones, explicó ayer Merinero, sino de un continuo «acoso, hostigamiento y denegación de información» por parte de cuatro apoderados y una secretaria. Hechos que puso en conocimiento de la Presidencia y la Mesa de las Juntas Generales de Vizcaya el pasado 7 de marzo.

Un «hostigamiento» que se produjo con menor o mayor intensidad desde el inicio de legislatura y que, según afirma la víctima, se produjo principalmente por su apoyo a Roberto Uriarte como secretario general de Podemos Euskadi, cargo que ahora ocupa Lander Martínez . La juntera explicó ayer a Efe que en la actualidad se encuentra de baja con tratamiento farmacológico. De mayo de 2018 a enero de 2019 estuvo además apartada del grupo debido a otra enfermedad grave «cuyo brote tiene vínculos directos con situaciones de ansiedad y estrés».

El acoso de sus compañeros, añadió la dirigente morada, era su «aniquilación personal y política» para acabar con su trabajo en la formación. Algo de lo que culpa con «diferentes niveles de responsabilidad» a los procuradores José Ángel Elgezabal, Neskutz Rodríguez, Nuria Atienza y Eneritz de Madariaga, así como a la secretaria administrativa del grupo, Nerea Rapp. Por el momento, tanto el grupo como el partido han guardado silencio.

Por todo ello, solicitó amparo a la institución y reclamó medidas contra sus compañeros, que bajo su punto de vista están «vulnerando» sus derechos e impidiendo que ejerza las funciones para las que fue elegida «por la ciudadanía de Vizcaya».