Cursos de artesanía a cambio de libertad para los presos de ETA

Para el PNV, como para Bildu, el colectivo de reclusos de ETA es un asunto especialmente sensible. Para el nacionalismo, porque acoge en su seno un sector independentista para el que es inexcusable sacar los presos a la calle, más aún cuando hace más de diez años que la banda terrorista, derrotada, no tuvo más remedio que dejar las armas; para el secesionismo ‘oficial’, liderado por Arnaldo Otegi, porque perder el control sobre lo que se mueve en ese mundo supondría el principio del fin de su hegemonía.

La consejera de Justicia vasca, Beatriz Artolazabal, explicó que la intención del Gobierno vasco es terminar con la «política penitenciaria de excepción» para los presos de la banda terrorista. Y por eso, quienes cumplan condena en cárceles de la comunidad tendrán que demostrar «arraigo». Además, el acceso a un regímen de semilibertad se aplicarán, según la consejería, «criterios científicos» como el tipo y duración de pena impuesta, el grado de cumplimiento de la condena, su entorno psicosocial... La consejera cree que la mejor forma de promover la «convivencia» es fomentar que los presos de la banda accedan a los mismos beneficios que el resto de reclusos.

El objetivo, apuntan desde la consejería, es construir un modelo penitenciario orientado a la «reinserción y resocialización». «Optamos por aplicar un sistema penitenciario que apueste por la vía social», resumen. Y para ello la «reeducación» tendrá un papel clave. El plan prevé la puesta en marcha de talleres y actividades productivas en las que se tratará de explorar áreas diferentes a las que ya existen, incluidas oportunidades laborales como la logística, la atención sociosanitaria, los cuidados a la dependencia o la artesanía.

Los equilibrios en este asunto, especialmente sensible, son muy complicados. El PNV sabe que debe mantener una equidistancia, o al menos guardar unas formas. Primero, porque si no lo hace la izquierda abertzale –antes, proetarra– podrá vender sus concesiones ante el colectivo de presos de ETA como una claudicación ante su presión constante. Pero también es consciente de que no puede secundar a los de Otegi en su estrategia de movilización callejera porque corre el peligro de ser fagocitado, de la misma forma que ERC y la CUP lo han hecho con buena parte del espacio de la antigua CiU en Cataluña.

Hay un tercer elemento en esta ecuación que no es baladí: el papel del Gobierno de Pedro Sánchez y de los socialistas vascos. El PSOE –al menos, el sector mayoritario, liderado por Pedro Sánchez– anhela desalojar al PNV de la Lendakaritza, y lo quiere hacer de la mano de los de Otegi, una vez que estén debidamente blanqueados. Sin embargo, sabe que si las urnas no dan un resultado que lo haga posible –tanto en el conjunto de España como en esa Comunidad– tendrán que mantener una ‘interlocución prioritaria’ con el PNV, como hasta ahora.

En estas condiciones, la política del Gobierno central en materia penitenciaria se resume, en la práctica, en aplicar formalmente la «legalidad penitenciaria», a la que una y otra vez ha aludido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y en haber traspasado, hace ya 100 días, las competecias en esa materia al Gobierno vasco. Ello le proporciona ventajas evidentes: la primera, que tras su política de acercamientos de presos etarras al País Vasco –Navarra se queda fuera de esa ecuación, pero en términos de estabilidad de gobierno es mucho menos relevante–, es el Ejecutivo de Urkullu el que carga con el peso y las consecuencias de las decisiones; y la segunda, que ante los nacionalistas, y también los proetarras de Otegi, podrá argumentar que fueron sus decisiones las que permitieron el traspaso de las competencias y, con ellas, el final de la «política de excepción» para los presos de ETA.

Como en cualquier tablero hay, por supuesto, algunos escollos. El primero, que el PNV no puede conceder la victoria a la izquierda abertzale en un asunto capital como es el de la vuelta de los presos etarras al País Vasco, en primer término, ni tampoco en lo que se refiere a su reinserción en la sociedad. Para los de Urkullu es vital no dar esa imagen, porque en el actual equilibrio de fuerzas en el País Vasco podría ser letal para sus intereses. Por eso públicamente se muestra a favor de la reinserción de los etarras, pero paralelamente emplaza a Otegi a que negocie con sus «socios de Madrid».

En la práctica la hoja de ruta del Gobierno vasco implica asumir las dos grandes peticiones que hizo el colectivo a favor del acercamiento de presos, Sare, en las casi 200 manifestaciones y concentraciones que se produjeron el pasado fin de semana en otros tantos municipios vascos y navarros. Además tiene previsto retomar cuanto antes los encuentros restaurativos entre víctimas y etarras.

El objetivo, apuntan desde la consejería de Justicia del Gobierno vasco, es construir un modelo penitenciario orientado a la «reinserción y resocialización». Y para ello la «reeducación» tendrá un papel clave. De hecho, se va a destinar una partida de seis millones de euros a plazas residenciales –viviendas en las que puedan residir– para los internos. Además, se pondrá especial atención en explorar áreas diferentes a las que ya existen, y en las que podría haber oportunidades laborales. «Se trata de ofrecer una puerta hacia otra vida», explicó la consejera.

Menos idílico ven el panorama las fuentes penitenciarias del País Vasco consultadas por ABC. «Es verdad que dicen que estas medidas son para todo el mundo, pero los etarras pasan por delante de muchos otros internos a la hora de acceder a talleres, porque ese es el primer paso para conseguir el tercer grado. No tendría que ser así. Venden su moto. No aceptan ideas de nadie que no sea de su cuerda».

Añaden las mismas fuentes, que mantienen el anonimato para no sufrir represalias, que «es mentira que se hayan inventado lo de la justicia restaurativa, como quieren hacer creer; ya se hacía antes en la cárcel de Nanclares, la que dio nombre a la ‘vía Nanclares’ para los etarras, que fue pionera en España». «Pero es verdad que no son tontos –añaden estas fuentes–. No solo traen a terroristas al País Vasco; es como el dicho: ‘entre col y col, lechuga’». Y añaden: «Los funcionarios sienten desamparo; el Ministerio del Interior se olvida de ellos, y al Gobierno vasco no les gusta tenerlos».