El lendakari, Iñigo Urkullu (i), y el secretario general para la Paz y Convivencia de su Gobierno, Jonan Fernández
El lendakari, Iñigo Urkullu (i), y el secretario general para la Paz y Convivencia de su Gobierno, Jonan Fernández - EFE

Covite y sindicatos se alían contra la Ley de abusos policiales del Gobierno vasco

Las centrales piden a Interior que mantenga el recurso que interpuso el PP en 2017 contra la norma vasca

BilbaoActualizado:

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) y varios sindicatos policiales, entre ellos el mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), han reclamado al Gobierno estatal que no ceda a las presiones del nacionalismo vasco y mantenga el recurso de anticonstitucionalidad que pesa sobre varios artículos de la llamada Ley de Abusos Policiales. Una norma que fue aprobada por el Parlamento en 2016 y que, entre otras disposiciones, otorga a una «comisión de valoración» la potestad de dilucidar quiénes fueron víctimas de la violencia de las fuerzas de seguridad entre 1978 y 1999.

A través de un comunicado, tanto el colectivo de víctimas como seis centrales de las fuerzas de seguridad estatales reclamaron al ministerio de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que impida la retirada del recurso que presentó el PP el año pasado ante el Tribunal Constitucional (TC). Los demandantes apelan a la «condición de juez» del mandatario bilbaíno, destinatario de la misiva, a quien advirtieron de que la norma que sacaron adelante PNV y PSE en el Parlamento constituye «un ataque severo al Estado de Derecho». Principalmente, porque parte de su articulado «contraviene gravemente la Carta Magna» al otorgar a un organismo autonómico un poder que pertenece a los magistrados.

Una artimaña con la que, a juicio de Covite y los sindicatos policiales, el Gobierno vasco trata de obtener el empaque legal necesario para «perpetuar una falsa teoría de un conflicto entre dos partes en torno a lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos 50 años». En cualquier caso, los firmantes del comunicado insistieron en que la norma quedó «totalmente desacreditada» cuando la Secretaría de Paz y Convivencia, órgano dependiente del Ejecutivo autonómico, publicó un estudio sobre malos tratos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el que solo 202 de los 4.113 casos registrados habían sido investigados: «El informe no se basa en hechos probados y contrastados -puntualizaron-. Dar por acreditada la perpetración de un delito tan grave por parte de funcionarios policiales al margen de una investigación rigurosa e imparcial es muy grave».

Covite y las contrales subrayaron en su carta que la tortura es un «crimen deleznable» que en ningún caso quieren «ocultar». Sin embargo, añadieron que, en el caso del Gobierno vasco, «existen otros intereses detrás de sus actuaciones»: «Cada uno de los pasos que el Ejecutivo ha dado en los últimos años en materia de política de memoria pública se ha dirigido a reforzar un relato falseado del pasado en el que se blanquea la actividad terrorista de ETA», destacaron. En definitiva, los firmantes exigieron que la comisión de vulneraciones de derechos humanos se contextualice e investigue «debidamente», pero que en ningún caso «se deslice que las fuerzas de seguridad han actuado como una organización criminal cuyos miembros eran incitados a cometer crímenes».

La carta que las asociaciones de Policía remitieron al ministro de Interior estuvo motivada por una resolución publicada el pasado 19 de junio en el Boletín Oficial del País Vasco, donde quedó reflejada la constitución de la polémica «comisión de valoración» a la que hace referencia la Ley de abusos policiales. Una disposición de la que advirtió en su edición de ayer el diario El Mundo y con la que lendakaritza informó de la composición de un órgano que estará encabezado por la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando.