Consuelo Ordólez, presidenta de Covite
Consuelo Ordólez, presidenta de Covite - EFE

Covite exige el «repudio» de los presos hacia ETA para ser acercados a las cárceles del País Vasco

El colectivo de víctimas pide a Grande-Marlaska el arresto de «todos» los miembros de la banda

BilbaoActualizado:

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) no se opondrá al acercamiento de reclusos de ETA siempre y cuando exista un «fundamental e ineludible» rechazo a la organización criminal: «Es importante lograr que los presos repudien a la banda», le ha dicho este jueves Consuelo Ordóñez al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien ha recordado que los terroristas ejercieron trataron de imponer mediante el asesinato un proyecto «totalitario y excluyente» que ahora defiende la izquierda radical «desde las instituciones».

No tiene «nada que objetar» la organización de Ordóñez respecto al reciente traslado de los presos Kepa Arronategi y Marta Igarriz a las cárceles de Zaragoza y Logroño. Al respecto, Covite ha informado en un comunicado de que está de acuerdo con los acercamientos de aquellos presos que cumplan una serie de condiciones. Es decir, que no tengan en su expediente delitos de sangre ni causas abiertas en España y que no hayan sido jefes de la cúpula militar de ETA.

Unas «líneas rojas» que por el momento está cumpliendo el Ejecutivo de Emmanuel Macron. Precisamente, Covite puso en conocimiento de Grande-Marlaska la reunión que algunos de sus integrantes mantuvieron el pasado 11 de septiembre con la magistrada del ministerio de Justicia galo Hélène Davo, «en el que pudo comprobar que el Gobierno de Francia ha denegado todas las solicitudes que ha hecho lo presos de ETA de ser trasladados a las prisiones de Bayona y de Pau», situado en el País Vasco francés: «En su lugar, ha realizado acercamientos de manera individualizada y de acuerdo con la legislación penitenciaria común a las cárceles de Mont de Marssan y de Lannemezman», limítrofes al País Vasco», añadió el colectivo de víctimas.

Por otro lado, Ordóñez ha reclamado al ministro de Interior que aborde la disolución de ETA «por el Estado de Derecho» y ordene a las Fuerzas de Seguridad el arresto de «todos» los miembros de la banda. La presidenta de Covite ha subrayado que a los criminales «se les detiene, no se les ruega que se disuelvan», y ha lamentado que el anterior Ejecutivo no tuviera en cuenta su petición. Como respuesta, el socialista se ha comprometido a trasladar la cuestión a la cumbre que tendrá lugar el 1 de octubre, en la que también estará representado el Gobierno de Francia.

En este sentido, el colectivo ha «valorado positivamente» la reacción de Grande-Marlaska y su compromiso de seguir siendo «muy transparente» con las víctimas. También a la hora de comunicar los próximos traslados de los presos de ETA, algo que «nunca antes» había hecho ningún otro Gobierno.

Finalmente, Covite ha exteriorizado su oposición a la transferencia al Gobierno vasco de la competencia de prisiones: «Los nacionalistas no han querido gestionarla para no ser carceleros –ha considerado–. Si ahora quieren serlo es para abrir las puertas de las cárceles».