El Constitucional desestima el recurso de Ciudadanos contra la ley vasca de abusos policiales

Esta ley de «reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política entre 1978 y 1999 » fue aprobada en el Parlamento en 2016 gracias a los votos favorables de PNV y PSE y la abstención de EH Bildu. De esta forma se continuaba el camino emprendido cuatro años antes por el Ejecutivo vasco, que comenzó a ofrecer cobertura a las víctimas de abusos policiales entre 1960 y 1978.

La decisión del Constitucional permite a la norma sortear un nuevo obstáculo después de que el Gobierno de Mariano Rajoy presentara un recurso de inconstitucionalidad poco después de su aprobación en el Parlamento. La situación cambió tras la llegada Moncloa de Pedro Sánchez, cuyo Gobierno levantó el recurso a cambio de introducir una serie de modificaciones que clarificaran que el objetivo de esta ley no es depurar responsabilidades de los policías sino resarcir a los damnificados.

La norma sigue contando con la oposición de partidos y sindicatos policiales, que advierten en ella graves inseguridades jurídicas. «Solamente corresponde a un juez, con las garantías legales, decidir quién es víctima», señalaban desde el SUP. Las centrales denuncian que la norma busca favorecer el «blanqueamiento» de ETA y «desprestigiar» a quienes la combatieron.

En la misma línea, Ciudadanos alegó en el texto que registró ante el TC que la norma «tiene como objeto criminalizar la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en su lucha contra el terrorismo», y subrayó que vulneraba garantías constitucionales como el derecho a la tutela efectiva.

El principal problema se encontraba en la «comisión de valoración» , un órgano en un principio destinado no solo a reparar a las víctimas de abusos policiales, sino también a investigar a los agentes que hubieran cometido delitos de «motivación política». Esta última competencia fue retirada tras la modificación de la ley en 2019.

Finalmente, el Constitucional ha decidido desestimar el recurso. El Tribunal entiende que la citada comisión de valoración no pretende «efectuar una calificación jurídica de los hechos» ni llevar a cabo «imputaciones o determinaciones personales sobre la autoría de comportamientos ilícitos».

El secretario general de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jonan Fernández , ha destacado esta mañana que la sentencia del Constitucional constituye «un punto de inflexión» y una « muy buena noticia para las víctimas a las que se dirige». «Se trata de un importante fallo que confirma la constitucionalidad de la norma y desestima los argumentos en su contra», ha manifestado en rueda de prensa.