Carlos Urquijo: «El procesamiento de "Txapote" es un faro de esperanza para las víctimas»

Además de mucho tiempo, ¿qué es lo que ha tenido que pasar para que «Txapote» fuera procesado por el asesinato de Zamarreño?

Una fundación como Villacisneros y un trabajo casi de arqueología jurídica y policial. Antes del procesamiento hay un recorrido largo, porque la documentación está muy dispersa. Como suele decirse, las cosas de palacio van despacio, pero lo importante es que el caso se ha reabierto.

¿Qué es el proyecto «Dignidad» y cuál ha sido su papel en este caso?

Trabajamos, en primer lugar, para conseguir la dignidad de las víctimas del terrorismo. Casi el 40% de los crímenes de ETA no tiene autor conocido, y eso es un agujero negro de nuestro Estado de Derecho que no se puede tolerar. A través de este proyecto, ofrecemos a las víctimas la asistencia jurídica necesaria para que se inste a la apertura de sumario. De esta forma, nosotros nos pusimos en contacto con Naiara, la hija de Zamarreño, y le ofrecimos el apoyo del despacho de abogados con el que trabaja la fundación.

¿Qué dificultades surgen a la hora de abordar un asunto como este?

Muchas, porque es muy lento el recorrido. Hay crímenes que pueden estar prescritos, lo que no evita que pueda haber una investigación y un juicio. Otra cosa es que se produzca una condena penal. A veces ha ocurrido que el terrorista está fuera de España, y entonces tienen que intervenir también las autoridades europeas. Es todo tan garantista que es un triunfo llegar a donde hemos llegado. Ya veremos qué pasa ahora.

¿Hay pruebas suficientes para condenar a «Txapote»?

Las pruebas que se han aportado parecen muy claras, y también parece obvio que en el atentado participaron Irantzu Gallastegui —alias «Amaia»— y otros miembros del Comando Donosti. Podría imputarse por asesinato a García Gaztelu, que es el responsable del comando. Confiamos en que la viuda de Zamarreño pueda ver cómo finalmente es condenado el asesino de su marido.

La familia de Zamarreño ha dado un paso más para hallar la paz. Hay más de 300 familias que no pueden decir lo mismo.

Efectivamente, es el gran drama de la situación en la que nos encontramos. Desde el 2011 no hay sangre en las calles y el tema del terrorismo cae en un manto de olvido. Además, hay un ambiente social y político que de algún modo invita a pasar página, ya no hay esa presión social como la de después del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

¿Hay esperanza para esas familias?

Yo quiero pensar que sí, que la hay. Precisamente este caso debe ser un faro de esperanza para las víctimas. Aunque cueste, hay personas, instituciones, policías, guardia civiles y jueces que siguen trabajando para que se haga justicia y que no renuncian a cumplir con su deber.

Pero el sistema sigue teniendo agujeros.

Nos lo cuentan a veces incluso los propios jueces, las dificultades que había sobre todo antes. Un ejemplo es el del caso de «los novios de Cádiz», que fueron asesinados en enero del 79. Tiroteados en el coche. Él cayó sobre el claxon, que estuvo sonando durante minutos sin que nadie se acercara. El caso está sin resolver, en parte porque la especificación de la Guardia Civil no era la de ahora y no se hacían tan bien los sumarios. Todo eso se fue perfeccionando, pero muchos asesinatos de los años de plomo fueron muy complicados de investigar. Además, tampoco ha habido ninguna colaboración de los terroristas en prisión.

¿Qué otros casos tiene entre manos la fundación?

En estos últimos meses, nos hemos personado por primera vez como acusación popular en la Audiencia Nacional contra tres personas de Sortu y también contra el etarra «Kubati» por organizar un centenar de homenajes a terroristas. También somos la única organización que ha presentado una denuncia formal contra el delegado del Gobierno en Navarra —José Luis Arasti— por no prohibir los homenajes a Patxi Ruiz.

¿Tienen previsto hacer lo propio en el País Vasco?

Lo que pasa es que las competencias son diferentes en el caso del País Vasco. La competencia para prohibir una concentración no es del delegado del Gobierno sino de la consejería de Seguridad, que también ha sido corresponsable de los homenajes. No descartamos actuar si siguen pasando estas cosas.