EFE

Anulados 5 puntos del Plan de Normalización del Euskera de Guipúzcoa por «discriminar» al castellano

La Justicia alega que algunos puntos del programa vulneran el principio de cooficialidad de las dos lenguas

Bilbao Actualizado: Guardar
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la anulación de cinco artículos del llamado «Plan de Normalización del Uso del Euskera», impulsado por la Diputación de Guipúzcoa, al considerar que son «discriminatorios» para los castellanoparlantes. En concreto, la sala de lo Contencioso-Administrativo sostiene que algunos puntos del programa vulneran el principio de cooficialidad de las dos lenguas y «orillan» al español. Los preceptos afectados hacían referencia a la comunicación institucional, la contratación administrativa, las obligaciones de las entidades beneficiarias de subvenciones y las redes de internet e intranet.

La resolución del TSJPV, que es firme, rechaza el recurso de casación que interpuso la Diputación Foral de Guipúzcoa. Uno de los artículos anulados más controvertidos era el 9.3, que obligaba a las asociaciones y entidades, personas físicas o jurídicas que percibieran subvenciones a utilizar el euskera en los documentos, soportes, publicidad y actos públicos que se generaran por la actividad. Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, esta norma «orilla el castellano a la condición de lengua residual».

También ha sido invalidados los preceptos 5, 8, 11 y 13, que, entre otras disposiciones, establecían que en las publicaciones de información se debía dar «prioridad al euskera» y que la lengua autonómica fuera también la vía de acceso a los contenidos de la página web institucional.

En su escrito, el TSJPV recuerda que ya se declaró inconstitucional el artículo 8.3 de la Ley 10/1982 de Normalización del Uso del Euskera que permitía a los poderes públicos «hacer uso exclusivo» de la lengua para el ámbito de la Administración local cuando, «en razón de la determinación sociolingüística del municipio, no se perjudiquen los derechos de los ciudadanos».