Pagaza denuncia ante Reynders el dedazo en Fiscalía a favor de Delgado para que lo incluya en su informe sobre España

«Garantizar la separación de poderes y la no politización de los órganos, proteger los derechos fundamentales, prevenir la corrupción y las tramas corruptas, generar la confianza en el sistema judicial y controlar el ejercicio del poder ejecutivo es sin duda necesario», reivindica la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo en una carta.

En la misiva Pagaza muestra su preocupación por que se haya puesto a Delgado «al frente de la Sala más reciente y políticamente más sensibles, la de Memoria Democrática y Derechos Humanos». Relata también que tanto la Asociación de Fiscales (AF) como la Asociación Profesional de Independiente de Fiscales (APIF) advirtieron al Ejecutivo de que este nombramiento puede ser nulo por un posible «conflicto de interés y nulidad». En este sentido alude a la relación de la exministra con el exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación Figbar, que «además de realizar actividades de intermediación y mantener un despacho de abogados con cifras millonarias anualmente, incluye actividad lucrativa en torno a la temática» que gestionará Delgado.

A todo lo anterior, Pagaza suma las maniobras desde la Fiscalía General para dilatar la investigación contra el fiscal Ignacio Stampa y apartarle así de su petición de plaza en Anticorrupción. «Stampa era el teniente fiscal que investigó la actuación del fiscal del denominado caso Villarejo, uno de los más oscuros episodios de la democracia española que implica a comisarios, jueces y fiscales en una trama criminal, cohecho y blanqueo de capitales, con ramificaciones hasta el poder político y relaciones de amistad precisamente con la ex Fiscal General del Estado y su entorno personal».

«Le ruego, comisario, que tenga en cuenta todos estos elementos de cara al informe anual sobre España respecto al Estado de derecho», concluye Pagaza.

Durante toda la legislatura el comisario europeo ha estado pendiente de la situación del CGPJ , que en diciembre cumplirá cinco años en funciones sin que PP y PSOE logren alcanzar un pacto para renovarlo. De hecho el comisario se desplazó a España el otoño pasado sin que su visita sembrara frutos. Los populares ponen como exigencia para la renovación la reforma de la ley para que los doce jueces sean elegidos por la propia carrera, reforma a la que el PSOE a día de hoy se niega.

Pagaza alude también en la carta al abuso del decreto ley por parte del Ejecutivo de Sánchez (aprobó 135 entre 2018 y marzo de 2023) para eludir los informes del CGPJ, del Consejo de Estado o del Consejo económico Social que sí son necesarios en el caso de anteproyectos de ley. «Los proyectos de ley han tardado unos cinco meses de tramitación en el procedimiento ordinario. Queda acreditada la falta de voluntad de cambiar la ley para mejorar la independencia del CGPJ y sortear el bloqueo político del que los dos grandes partidos se acusan mutuamente», asegura.

También apunta la diputada que el 22 de junio se conocerá el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre las denuncias presentadas por seis magistrados de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria por no renovar el CGPJ desde diciembre de 2018. La asociación acudió a Europa tras el portazo del TC a admitir a trámite el recurso de amparo alegando que se presentó «fuera de plazo».