Óscar López celebra el auto que exonera a su número dos de filtrar el documento del novio de Ayuso

López ha convocado a los medios para una breve declaración tras asistir a un acto junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un centro de la UNED en la capital. Y ante ellos ha dicho que su colaboradora (ahora en el PSM y cuando ocurrieron los hechos en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno) es una «persona honrada» y que lo que prevalece tras la resolución del magistrado Ángel Hurtado es «la verdad».

A su juicio, según ha expresado, el «único filtrador» es el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y su intención fue tapar a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tras haber difundido la versión de que fue la Fiscalía quien le había ofrecido un acuerdo, cuando ocurrió exactamente al revés. Sin embargo, el ministro y secretario general de los socialistas madrileños ha sido más evasivo a la hora de pronunciarse sobre las «fisuras» que el juez ve en el relato de Sánchez Acera, que ha tachado de «valoraciones». Al mismo tiempo, López ha exigido al Partido Popular (PP) «disculpas» por lo que considera una «cacería política» contra su mano derecha.

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Según desveló ABC, el antiguo líder de los socialistas madrileños, el senador Juan Lobato, llevó a un notario de Madrid su conversación del 14 de marzo de 2024 con Sánchez Acera, en la que Lobato le expresaba las dudas sobre el origen de un documento que aproximadamente una hora después terminó publicado en el diario 'El Plural'.

La intención de Sánchez Acera era que Lobato utilizase el documento de marras en la sesión de control al Gobierno de Ayuso que se iba a celebrar esa misma mañana en la Asamblea de Madrid. A esa hora algunos medios se habían hecho eco del documento, pero no se había publicado. La versión de Moncloa de lo ocurrido, que la propia Sánchez Acera trasladó al juez durante su interrogatorio es que ella lo había conocido por los medios de comunicación.

La causa que lleva el magristrado Hurtado mantiene como imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien el pasado octubre, al conocer que el TS le investigaba, procedió al borrado de su terminal teléfonico. En todo momento el Gobierno, empezando por el presidente Pedro Sánchez, ha defendido su inocencia y le ha respaldado plenamente, negando que tenga que dimitir por su imputación.