La ONG Human Rights Watch acusa a España y la UE de complicidad en los «abusos cometidos en Mauritania» contra migrantes

En su informe titulado 'Me acusaron de intentar ir a Europa': abusos en el control migratorio y la externalización de la UE en Mauritania', la ONG documenta abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad mauritanos en operativos fronterizos y de control migratorio, princpalmente contra personas de África occidental y central cuando intentaban salir del país o cruzarlo en tránsito para llegar a las costas europeas.

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HRW ha señalado que entre estos abusos figuran torturas, violaciones y otras formas de violencia, acoso sexual, detenciones y arrestos arbitrarios, condiciones inhumanas de detención, tratos racistas, extorsión y robos, y expulsiones sumarias y colectivas, hechos «agravados por el respaldo continuo» de la UE y España –a nivel bilateral– a Nuakchot, en lo que describe como una externalización del control migratorio. En el informe se recogen decenas de testimonios que evidencian diferentes medidas abusivas aplicadas a migrantes en el país.

«Al financiar, equipar y colaborar durante años con las fuerzas mauritanas para reforzar los controles fronterizos y migratorios sin garantizar salvaguardias adecuadas de derechos humanos, la Unión Europea y España incentivaron la represión de la migración y comparten la responsabilidad por los abusos cometidos en Mauritania», se lee en la web de la oenegé, en una publicación dedicada al informe.

HRW ha especificado que en algunos casos «fuerzas españolas estuvieron presentes durante detenciones y arrestos abusivos de personas migrantes por parte de las autoridades mauritanas« y ha añadido que »la UE también financió la renovación de dos antiguos centros de detención de personas migrantes, cuya reapertura está prevista para este año con el fin de albergar a personas interceptadas o rescatadas en el mar«.

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Lauren Seibert, investigadora de HRW, ha explicado que «durante años, las autoridades mauritanas aplicaron un modelo represivo de control migratorio, lamentablemente común en el norte de África, violando los derechos de personas migrantes africanas de otras regiones».

Seibert ha sostenido además que, por su parte, «la UE y España deberían garantizar que su cooperación migratoria con Mauritania dé prioridad a los derechos y a la protección de vidas humanas, en lugar de apoyar medidas de seguridad que derivan en abusos«.

Por otro lado, ha destacado que «las recientes reformas en Mauritania muestran que es posible adoptar un enfoque diferente» y ha agregado que el Gobierno del país africano «debería profundizar en estos esfuerzos, fortalecer la supervisión de las fuerzas de seguridad y poner fin a las expulsiones colectivas».

El Gobierno mauritano firmó en 2024 un nuevo acuerdo de cooperación migratoria con la UE a cambio de 210 millones de euros para reducir la migración irregular. Asimismo, España incrementó su apoyo bilateral con este mismo objetivo, manteniendo el despliegue de agentes de la Policía y la Guardia Civil en el país africano para respaldar estas labores.

La organización ha recordado que la ruta Atlántica, que conecta el noroeste de África con las Islas Canarias, registró entre 2020 y 2024 un aumento de los intentos de migrantes y solicitantes de asilo para llegar a costas españolas, en muchas ocasiones iniciando su travesía en las costas de Mauritania, un país que ya era históricamente un destino para personas de África occidental y central en busca de empleo.

La ONG ha recalcado además que las labores de búsqueda y rescate en el Atlántico siguen siendo insuficientes, lo que contribuye a la persistencia de muertes en la ruta Atlántica, de nuevo aludiendo a la responsabilidad de España y la UE.

La ONG ha entrevistado a más de 220 personas entre 2020 y mediados de 2025 para la redacción del informe, en el marco de una serie de visitas a Mauritania, Malí y Senegal, así como a instituciones del bloque europeo en Bruselas, al tiempo que examinó lesiones resultantes de supuestos abusos y recopiló documentación para corroborar los testimonios.

En este sentido, ha recalcado que las fuerzas de seguridad mauritanas habrían cometido violaciones contra 77 personas migrantes y solicitantes de asilo, incluidos menores, así como contra un mauritano que afirmó haber sido torturado por la Policía en el marco de varios interrogatorios relacionados con una operación contra el tráfico de personas en 2022.

Mauritania acoge ya a unos 176.000 solicitantes de asilo y refugiados, en su mayoría procedentes de Malí, escenario de un conflicto armado desde hace más de una década. Además, numerosos migrantes intentan cruzar Mauritania para continuar su ruta hacia países del norte de África, entre ellos Marruecos y Argelia.

La propia ONG ha apuntado en su comunicado que, en respuesta a sus preguntas, el Gobierno de Mauritania ha rechazado «las acusaciones de tortura, discriminación racial o violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes» y ha incidido en las recientes medidas aprobadas por las autoridades, incluida la prohibición de las expulsiones colectivas y la aprobación de nuevos procedimientos operativos para regular los desembarcos y la «gestión» de personas migrantes.

En este sentido, la Comisión Europea ha trasladado a HRW que su asociación con Mauritania está «sólidamente anclada» en el respeto de los derechos y ha destacado el respaldo de la UE a los procedimientos operativos y otras iniciativas centradas en los derechos, sin que las autoridades de España se hayan pronunciado por ahora sobre el informe.

Por todo ello, Seibert ha reiterado que «las medidas del gobierno mauritano para mejorar el respeto de los derechos de las personas migrantes son muy necesarias». «Si avanza con más determinación para poner fin a los abusos, Mauritania podría liderar el camino hacia una gestión migratoria respetuosa de los derechos en el norte de África», ha argumentado.