Las ONG acusan a España de permitir la violencia contra refugiados en Mauritania

Estos son solo algunos de los testimonios recogidos por la ONG Human Rights Watch (HRW), que ha dedicado los últimos cinco años (2020-2025) a documentar las prácticas violentas que se emplean en la frontera de Mauritania para impedir las salidas masivas desde sus costas hacia las islas Canarias. En el informe titulado «'Me acusaron de intentar ir a Europa': abusos en el control migratorio», la organización no sólo ha denunciado la violación de derechos humanos de refugiados en el país africano, también responsabiliza a la Unión Europea y a España por hacer la vista gorda auspiciando y financiando una política de externalización de fronteras que les hace «cómplices» de lo que ocurre.

Lo cierto es que desde el año 2020, Mauritania se ha convertido en un coladero de todo tipo de nacionalidades, mayoritariamente subsaharianos, que prueban suerte en la llamada 'ruta atlántica', una de las más mortíferas del planeta, con la esperanza de alcanzar el archipiélago canario y, por ende, Europa. En su mayoría son ciudadanos de la vecina Malí o Senegal, países sumidos en el polvorín del Sahel, asediado por la guerra, el hambre, el crimen organizado o el terrorismo yihadista.

Aunque ya era una práctica habitual desde hace décadas, fue en 2024 cuando, tras la llegada masiva de 47.000 personas en cayucos a las costas españolas, en Europa saltaron todas las alarmas. Tanto es así, que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acompañó a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von Der Leyen, a Mauritania en febrero de este año para sellar un acuerdo bilateral de seguridad y control migratorio con el mandatario de la república islámica, Mohamed Ould Ghazouani. Y funcionó. Varios millones de euros más tarde, - 210 millones comprometidos por España y 300 millones por la Comisión- el flujo de llegadas a Canarias registrado por el Ministerio del Interior se ha desplomado un 41%con respecto al mismo periodo de 2024.

Lo que denuncian las ONG es que el precio real de esos acuerdos bilaterales lo pagan las personas que buscan protección internacional. Así lo ha expresado también la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, que no ha recibido el informe de HRW como una sorpresa. «Nosotros asistimos a refugiados que nos han confirmado lo que señala el informe y relatan historias muy parecidas. Tenemos que tener en mente que los Estados a dónde se está trasladando la responsabilidad de Europa sobre los solicitantes de asilo son países como Mauritania, Marruecos, Libia...donde las violaciones a los derechos de inmigrantes son evidentes». La preocupación ahora mismo es que Europa, que dentro de un año terminará blindando el nuevo Pacto de Migración y Asilo, consolide este modus operandi de delegar el control fronterizo europeo en terceros países donde se ejerce la violencia como método de disuasión.

Mientras que el informe recoge historias escalofriantes de abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad mauritanas, Mohamed Lamine, director del observatorio Atlas-Sahel y uno de los mayores expertos en movimientos migratorios en África, explica que el conflicto social que está sosteniendo su país por su condición de «trampolín» a Europa es insostenible. «Solo en 2024 Mauritania recibió un millón de inmigrantes. No todos subsaharianos, las mafias empezaron a abrir rutas desde países asiáticos como Bangladesh para llegar hasta aquí y después a España». Esto, explica Lamine, estaba generando un conflicto social en el país que ha comenzado a tomar medidas más drásticas para lidiar con el tráfico de personas.

«Las autoridades asumieron que se ha utilizado dureza para actuar contra las mafias. Redadas muy duras, pero los ciudadanos agradecen que se haya reducido la presión migratoria», justifica Lamine. En sus propias palabras, el Gobierno de Mauritania era incapaz de hacer frente a esta situación y demandaba el apoyo de España y Europa. El informe de HRW recoge testimonios de ciudadanos locales que aseguraban que desde que Europa puso dinero», las prácticas abusivas han incrementado notablemente.

Para el Gobierno de España, activar una agenda bilateral con Mauritania era vital para frenar el ritmo de llegadas a Canarias. Desde la capital del país, Nuakchot, se prometió hacer de esa alianza algo que fuera más allá del control migratorio. El presidente expresó que la colaboración entre ambas naciones se materializaría también en el campo empresarial y cultural, pero esto no ha sucedido aún. «Sánchez promete mucho pero esas promesas no se han cumplido», afirma Lamine en referencia a la ambiciosa lista de proyectos anunciados por el presidente.

El jefe del Ejecutivo selló un plan de migración circular para que ciudadanos mauritanos obtuvieran permisos de trabajo en España. «La ciudadanía recibió la noticia con entusiasmo, pero tan solo han ofertado 50 plazas cuado esperábamos al menos mil», denuncia Lamine. Tampoco se sabe nada aún del proyecto de energías renovables en Mauritania impulsado por Europa o la delegación del Instituto Cervantes en Nuakchot que anunció Sánchez el año pasado. Un edificio inaugurado por un delegación del Gobierno, pero que aun no cuenta con un programa de actividades ni estudiantes.