Los okupas 'amigos' de Colau

Para más inri, los bajos en cuestión habían albergado una comisaría de la Policía Nacional. El local, propiedad del Patronato Municipal de Vivienda y ubicado en lo más alto de la calle Nil Fabra, quedó vacío y un colectivo okupa se lo hizo suyo, poco después de que Colau llegara a la alcaldía en 2015. Desde entonces, no se ha visto al ayuntamiento exigiendo su desalojo. Al contrario, el gobierno municipal acabó colaborando en la legalización del colectivo, que de manera abrupta se constituyó como agrupación juvenil y consiguió la licencia del local en 2017, en un proceso que despertó sospechas porque la cesión fue por la vía directa y sin ningún concurso público.

Tras ello, el ayuntamiento se encargó de costear la adecuación del local, que fue de casi 95.000 euros, y puso unas cuotas irrisorias (con un alquiler anual que no llegaba a los 700 euros), que encima en algunas ocasiones el colectivo dejó de abonar. Las quejas de los vecinos llegaron incluso al Síndico catalán, que dio un toque al ayuntamiento por actuaciones insuficientes para paliar las molestias.

119 registros policiales

Caso aparte merece el uso del local. Frecuentado por varias entidades del barrio, lo cierto es que parte de sus usuarios han causado constantes molestias a los vecinos, sobre todo por la noche. Los incumplimientos de la normativa, por exceso de ruidos, venta ilegal de alcohol o incluso por fiestas en pleno confinamiento por el Covid por ejemplo, fueron motivo de continuadas quejas de los vecinos a la Guardia Urbana (realizó entre 2018 y 2022 un total de 119 registros), pero lo cierto es que ni la treintena de denuncias acumuladas frenaron al consistorio, que siguió beneficiando a los okupas. El controvertido convenio de cesióndel local se renovó en febrero.

La comunidad de vecinos ha llevado el caso a los tribunales, con una querella en la que tildan de «infinitos los problemas de convivencia en el vecindario» ocasionados por el casal Tres Lliris, y denuncian que sus usuarios e inquilinos no respetan ni el descanso ni la salud de los vecinos.

Eloi Badia, concejal del distrito de Gracia y responsable también del área de Ecología del Ayuntamiento, es el principal miembro del equipo de Colau implicado, junto a cuatro técnicos municipales. Él mismo defendió el viernes ante el titular del Juzgado de Instrucción 27 de Barcelona que «la cesión de uso es un modelo habitual en la ciudad» y ejemplificó que en Barcelona más de 200 espacios públicos están en manos de entidades.

En su muro de Facebook, Badia intentó quitar hierro al malestar de los vecinos alegando que los conflictos de convivencia son «una problemática muy presente en Gracia» e insistió en la necesidad de que la juventud tenga sus espacios.