Ojeadores para controlar a la Guardia Civil y técnicas de guerrilla para hacerles frente

No era sólo la AP-7, era también un asedio en El Prat -194 detenidos, 600 heridos, daños por 3,1 millones de euros- y batallas campales en Barcelona: había «una estructura». «Se detectó la existencia de grupos organizados de manifestantes que plantearon un escenario de caos y de desconcierto generalizado, mediante la quema de mobiliario urbano, incluyendo vehículos, enfrentándose con métodos de guerrilla urbana contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», dice uno de los atestados, similar a todos los demás. Fue el mismo patrón en El Prat que en la AP-7, el día de la «vaga general» o en los alrededores del Camp Nou.

Parte de la dificultad para aplacar la ola residía, según los informes, en que la propia estructura se organizaba para monitorizar los avances policiales. Como ejemplo, una conversación entre la responsable de movimientos sociales de ERC, Marta Molina, y el empresario amigo de Puigdemont Josep Campmajó, ambos imputados, a cinco días del corte de la frontera: «Tenemos que colocar ojeadores: Peajes Perpiñán sur, area de servicio village catalane, peajes de Volo por la autopista, y peaje del Volo por la salida del Voló que se incorpora a la autopista. En total 4 lugares. Desde las 7. Te lo miras? Colocas gente tuya?», le dijo ella.

Durante la jornada, se iban intercambiando información sobre el despliegue policial, con cifras concretas de agentes, «puercos» les llamaban, y vehículos, «pocilgas». Una vez finalizada la acción, él, del que se sospecha tenía fuentes policiales, le anuncia que hay al menos «13 identificados, incluidos dos ojeadores». Molina quiere los nombres: «Ok. Lo pido todo». De fondo, el hecho de que desde Tsunami se podía controlar la ubicación de todos los que tenían la app en el teléfono y organizar el despliegue, como hizo ver a EEUU la Audiencia Nacional cuando respondió a una petición de ayuda para derribar la app diciendo: «Defina 'tácticas de guerrilla urbana'».

«Acciones subversivas que fueron perpetradas con una inusitada violencia y a través de grupos organizados de manifestantes que se enfrentaron a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», contestó la Guardia Civil. Su réplica, que el juez enviaría también a Canadá, subrayaba «la quema de vehículos, el lanzamiento de objetos, el uso de mobiliario urbano» y de «elementos explosivos o incendiarios» en las protestas, «sumado a un extraordinario nivel organizativo». Daban cuenta, además, de «evidencias de la difusión de manuales de adiestramiento en materia de lucha callejera» por parte de Tsunami.