Ofensiva de Vox para facilitar las salidas de los soldados a los 45 años

La ley contempla numerosas políticas para facilitar la formación académica de los soldados y su promoción profesional, con el objetivo de facilitar su reinserción en el mercado laboral civil una vez abandonada la milicia. Cuando salen de las Fuerzas Armadas a los 45 años, los militares adquieren la condición de Reservistas de Especial Disponibilidad (RED), por la que se comprometen a estar disponibles para el servicio en caso de necesidad o emergencia y cobran una paga de 725 euros mensuales compatible con un sueldo privado, aunque no público.

Sin embargo, tanto los afectados como las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas denuncian que la ley solo se cumple en uno de sus puntos, el de las salidas obligatorias, pero desoye los demás. En esta línea, Vox ha presentado en el Senado una moción con varios puntos orientados a mejorar la temporalidad de los uniformados.

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Un asunto debatido en múltiples ocasiones en las Cortes Generales pero sin cambios profundos. Fue incluso objeto de estudio en una subcomisión creada al respecto en el Congreso de los Diputados, que concluyó en el año 2018 con una serie de recomendaciones para mejorar las condiciones de los soldados.

En su iniciativa, Vox empieza por proponer una solución tajante: la derogación de la ley de tropa y marinería de 2006 y su sustitución por una ley única de carrera militar que iguale a los soldados con los oficiales y suboficiales. Desde la cúpula de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa alegan que esto no es posible, ya que la tropa debe asumir unas funciones que exigen un esfuerzo físico que no puede hacerse a todas las edades.

Los afectados advierten de la vulnerabilidad que sufren al quedar al albur del mercado laboral privado a los 45 años, sin formación académica reconocida y una vida dedicada a las Fuerzas Armadas con actividades de difícil traslación al mundo civil. «Hay una acumulación del personal que, a una edad crítica, con cargas familiares, con una titulación no siempre homologada y con una formación que no satisface los estándares de trabajo en el mundo privado, debe competir por un puesto de trabajo en un mercado laboral que presenta elevados índices de paro», avisa Vox.

Al margen de este debate, los de Santiago Abascal reclaman que se aumente el número de plazas de carácter permanente al que pueden acceder los soldados, unido a un incremento «sustancial» de las consignaciones presupuestarias destinadas a ello en el próximo ejercicio. «Sin expectativas de futuro, no hay verdadera profesionalización de las Fuerzas Armadas», sostiene Vox en alusión a la necesidad de estabilidad laboral de los militares.

La formación acusa al Ministerio de Defensa de despreciar a su «más valioso recurso», el capital humano, y desaprovechar las competencias profesionales específicas que estos adquieren durante su carrera laboral. «Hoy por hoy, pese a las penalidades laborales que sufre, el militar quiere seguir desarrollando su carrera profesional en la que es su casa, junto a sus compañeros de armas. No es admisible que le traslade un mensaje de que ya no es válido para servir a su país, sin apreciar su impacto sobre la moral de la institución», sostiene.

Una alternativa es el paso de los militares a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o policías locales mediante acuerdos entre ministerios o con los ayuntamientos. Vox reclama que se cumpla con la reserva de plazas en estos cuerpos, que se hace ya en determinados casos pero no en número suficiente, según el partido.

También quiere que todos los soldados vean reconocidos sus conocimientos con un título de grado medio y que Defensa esté obligado a trasladar anualmente al Senado un informe sobre el cumplimiento de estas medidas.

«La nación no puede abandonar a quienes la han servido con lealtad, dañando los propios cimientos de la moral, la cohesión y la disciplina de la institución militar que le sirve y, por supuesto, al interés nacional en sí mismo», reivindica Vox, que denuncia que los militares «no pueden quedar sujetos de por vida a una precariedad que no afecta al común de los empleados públicos». «Más aún, si cabe, cuando sus condiciones de vida y servicio son más duras y exigentes que las que corresponden a la mayoría de estos últimos», insiste.