Ocho años de cárcel para los 'petaqueros' y más castigo por atacar con narcolanchas

Son algunas de las propuestas que el Partido Popular, con mayoría en la Cámara Alta, defenderá en el Pleno del Senado el próximo miércoles para endurecer el Código Penal e intentar dar respuesta a las reclamaciones que han venido haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado implicadas en la lucha contra el narcotráfico.

La proposición de ley, firmada por la portavoz popular en la Cámara Alta Alicia García y a la que tuvo acceso ABC, aborda distintos aspectos e implicaría hacer cuatro cambios en el Código Penal (en sus artículos 368, 551.3 y 568). En primer lugar, elevar las penas de dos a cuatro años (ahora castigado de uno a tres) en lo que respecta al cultivo, elaboración y tráfico de drogas, aun cuando se trate de sustancias que, según la legislación actual, no causan un grave daño a la salud; y, en segundo lugar, modificar la normativa para que sean las audiencias provinciales y no los juzgados ordinarios los que asuman las causas relacionadas con el tráfico de drogas siempre que haya indicios de que los acusados forman parte de una organización delictiva.

Como tercera cuestión, proponen incluir de manera expresa que el ataque a un agente con una embarcación sea considerado una agravante del delito de atentado contra la autoridad, para que tenga un mayor castigo, tal y como ya ocurre cuando se emplea para estos fines «un vehículo de motor».

Y, por último, quieren tipificar y castigar con penas de entre cuatro a ocho años de cárcel la tenencia de gasolina como delito autónomo, cuando se halle una cantidad superior a 20 litros y sea evidente que se destina a suministrar combustible a las planeadoras que se utilizan para el transporte de la droga.

Igualmente, este nuevo tipo penal, se explica en el documento, posibilitaría el decomiso de los instrumentos, vehículos o embarcaciones, con las que se cometen estos delitos, así como la gasolina. «Hasta ahora a las autoridades, según lo dispuesto en el Código Penal, les resulta imposible imputar delito alguno a los responsables, cuyas detenciones se resuelven con el pago de una multa por sanción administrativa», dice el texto.

La propuesta, que ya fue planteada en el Congreso y no prosperó, se espera que salga adelante con la mayoría del PP en el Senado. No obstante, sería remitida de nuevo a la Cámara Baja para su aprobación. La portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, afirma que «es imprescindible la adaptación normativa para luchar contra el narcotráfico porque su actividad supone un grave problema para la salud y la presencia de la delincuencia organizada y las mafias ponen en riesgo la libertad y la seguridad ciudadana».

Y añade que el asesinato de los dos guardias civiles de Barbate «mientras cumplían con su deber como servidores de la seguridad del Estado, ha puesto de relieve la ineficacia de este Gobierno en la lucha contra el narcotráfico».