La obligación de declarar contra la pareja se vuelve en contra de las víctimas, según la Fiscalía

El 27 de diciembre Igualdad convocó un comité de crisis para abordar este incremento que, de momento, no ha logrado frenarse. El 44,9 por ciento de esas 12 víctimas habían presentado previamente alguna denuncia por violencia contra los presuntos feminici­das y eso no logró salvarlas. Es decir, pese al aumento de denuncias (en 2021 solo había denunciado el 23 por ciento) el crimen se cometió, según los datos de la Memoria de la Fiscalía, presentada hoy. La mayoría de las víctimas eran españolas (38, el 76%) así como los agresores (32).

La Fiscalía, además de un examen pormenorizado de todos los datos, señala la preocupante incidencia de los feminicidios y la violencia de género en el ámbito rural. «El mayor enraizamiento de la cultura patriarcal en la sociedad rural determina un mayor grado de normalización y mayor dificultad en la percepción y reconocimiento de las conductas machistas abusivas y violentas y también mayor difi­cultad para denunciar; a ello hay que sumar otros factores como la escasez de recursos o la dificultad para acceder a aquellos que existan por las distancias y deficiencias estructurales», señalan. Añaden el miedo al estigma, la ausencia de anoni­matom o el aislamiento como causas que impiden a muchas mujeres salir de esa espiral de violencia.

Los fiscales especializados introducen dos elementos de gran relevancia: la obligación de las víctimas de declarar contra su agresor, tras la reforma de la ley, y las larguísimas esperas para que las evalúen las unidades de valoración de riesgo, dependientes del Ministerio de Justicia.

La obligación de la víctima de declarar contra su agresor está provocando graves disfunciones, según explican. Los fiscales muestran su inquietud: «Preocupa a los fiscales la posición de la víctima en el juicio oral, cuando desea acogerse a la dispensa y es informada de que no puede hacerlo. La experiencia acumulada hasta el momento en las fiscalías es que, en tales casos, se muestran reticentes a declarar, responden de forma inconcreta y vaga, incurren en contradicciones e incluso, en varios casos, llegan a autoinculparse de los hechos, argumentando que no se le entendió bien, que no se encontraba bien psicológica o aními­camente, y que realmente la culpable de lo acontecido fue ella».

La denuncia es clara: «Nos encontramos, por tanto, ante la paradójica tesitura de que, una reforma legal realizada con el objeto de otorgar protección a las víctimas de violencia de género y erradicar los espacios de impunidad derivados de la dispensa, puede volverse en contra de las víctimas si no se hace un adecuado tratamiento de la prueba y se investigan las causas que han llevado a la víctima a adoptar esa postura».

El temor al agresor, la presión del entorno y la dependencia emocional están detrás de esta disfunción, por lo que se pide que no se revictimice en los interrogatorios y que se tengan en cuenta las circunstancias de la mujer que ha dado el paso de denunciar.

La dispensa continúa citándose por las distintas fiscalías como la principal causa de sobreseimiento provisional o sentencia absolutoria. Esta dispensa (no obligación de declarar contra la pareja) se ha visto afectada por los efectos deriva­dos de la reforma de la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violen­cia. Como las fiscalías ponen de relieve, es evidente su impacto, apun­tando varias de ellas a una elevación del número de sentencias de conformidad ante el juzgado de lo penal (Cádiz, Vizcaya, entre otras), que ligan a la imposibilidad de la víctima a acogerse a la dispensa.

Las unidades de valoración forense integral tienen un tiempo de respuesta medio, de ocho meses, pese a ser un elemento esencial. La Fiscalía incide en la desigualdad de recur­sos entre las distintas provincias, «realidad que se cronifica». En Madrid continúa sin establecerse una UVIF y los informes se emi­ten por los equipos psicosociales no especializados en la materia. En Andalucía, pese a existir en todas las provincias resultan insuficientes, teniendo que acudir, en concreto, en Sevilla o Huelva a equipos no especializados para la elaboración de informes, además de no emitirse los informes de valoración urgente de riesgo al no existir un servicio de guardia de los médicos forenses de la UVIF. En Galicia la valora­ción integral de las víctimas la realizan los Institutos de Medicina Legal. En País Vasco, tanto en Álava como en Guipúzcoa se detecta un aumento del plazo para la emisión de informes. En Cataluña sólo existe una unidad por capital de provincia.

Y así suma y sigue, la Fiscalía va sacando los colores en todas las comunidades, reinos de taifas incluso para valorar el riesgo de que maten a una mujer. En total, y pese a las salidas de tono de la ministra Irene Montero, solo existen en el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia 24 unidades de Valoración, pero ni cumplen las expectativas ni se da respuesta inmediata en los casos de urgencia. Por este motivo, los fiscales reclaman la implantación de estas unidades en todas las provincias con personal suficiente y cualificado con capacidad para atender a todos los órganos judiciales especializados tanto en el ámbito penal como en el civil.

En el año 2022 se han interpuesto, según los datos facilitados por el CGPJ,182.073 denuncias en los JVM (un 11,8% más que en 2021). El número de víctimas fue de 176.380 (un 10,69% más que el año anterior), el 65,66% españolas y 34,4% extranjeras. Solo el 1,83% fueron presentadas por algún familiar y el 3,96% por servicios asis­tenciales o terceros en general. Por CC. AA., las que más denuncias registraron fueron Andalucía, Madrid, Cataluña y C. Valenciana, siendo llamativo lo reflejado por el fiscal delegado de Zamora, al indi­car un descenso de procedimientos incoados de aproximadamente en un 20%, respecto al año anterior (203 incoados frente a 264 de 2021), lo que evidencia lo positivo en la disminución de las potenciales agre­siones hacia las mujeres.