Objetivo «JAG»
Durante año y medio, la Unidad de Asuntos Internos investigó a Juan Antonio González, comisario general de Policía Judicial. Se archivó por falta de pruebas
El pasado día 6, Antonio Urdiales, defensor del constructor Rafael Gómez, «Sandokán» , aprovechaba su turno de cuestiones previas en el juicio de la «Malaya» para lanzar la sombra de la sospecha sobre Juan Antonio González, comisario general de Policía Judicial y objetivo de los ataques del Partido Popular por el «caso Gürtel». En realidad, el letrado no aportó dato alguno —las anotaciones intervenidas a Juan Antonio Roca en las que aparecían las iniciales «JAG»y una cifra, 200, ya habían sido publicadas antes por la prensa—, pero su denuncia era clara: la Policía no había querido investigar quién estaba detrás de aquello. Recordó además que el primer instructor del caso, Miguel Ángel Torres, ordenó en 2007 abrir una pieza separada, que declaró secreta, para aclarar este asunto, pues sospechaba que se habían producido pagos a mandos policiales que a cambio habrían facilitado información a Roca. Sin embargo, el único nombre del que se acordó el abogado en su exposición ante la Sala fue del de Juan Antonio González, a pesar de que en esos papeles aparecían, y con nombres y apellidos, otros tan relevantes como el de José Luis Olivera, comisario jefe de la UDEF, que investigó la «Malaya» —él admite que mantuvo una reunión con el cerebro de la trama—, el de Francisco de Paula, nombrado en 2005 comisario de Marbella, o el de Pepe Marín, comisario general de Seguridad Ciudadana.
La intervención del abogado levantó una gran polvareda política que llegó hace días al Congreso en forma de pregunta al ministro del Interior, quien despachó el asunto en pocos minutos. Pero, ¿qué era lo que había sucedido con esa investigación? ¿Era cierto que se había tapado un escándalo sin precedentes? Por partes.
Para entender lo ocurrido hay que explicar el ambiente que se vivía entre los agentes de Málaga y Madrid. Dos inspectores del Grupo III de la Udyco, según testimonios recogidos por ABC, estaban molestos porque consideraban que eran ellos quienes habían comenzado en el caso y, sin embargo, poco después había metido sus narices la Comisaría General de Policía Judicial, que a su vez había recibido una información sobre el asunto. Como es lógico, desde el momento en que confluyeron las pesquisas éstas fueron dirigidas por los servicios centrales. Y tenían otro motivo de malestar: aunque ellos habían recibido ya la «roja» (medalla al mérito policial subvencionada), al año siguiente se habían quedado sin recompensa pensionada; recibieron solo la «blanca».
Las hojas secretas
Las relaciones entre los agentes de Málaga y Madrid eran, por tanto, muy tensas, hasta el punto de que los dos policías del Grupo III plantaron cara a la Comisaría General. Así, lograron ganarse la confianza del juez Torres, que comenzaba a recelar de varios policías. El resultado fue que el magistrado dio órdenes precisas para que los dos investigadores solo rindieran cuenta de su trabajo ante él y no ante sus jefes.
El 4 de abril de 2006, menos de una semana después de la detención de Roca, saltó la sorpresa. En el registro de un trastero de su propiedad, realizado por agentes de la Udyco, en presencia del juez y del fiscal, en el altillo de un armario y sobre una caja fuerte aparecieron tres hojas cuadriculadas arrancadas de un cuaderno con anotaciones manuscritas. En la primera, encabezada con una «Ll» (podría referirse a llamadas) aparecen una serie de nombres, un número de cuentas corrientes y un número de un teléfono móvil. En penúltimo lugar están las iniciales «JAG», seguidas entre paréntesis por el nombre del nuevo responsable policial de la localidad costasoleña. Y más a la derecha, los nombres de los otros dos mandos policiales ya citados, junto a las iniciales A.K. y el apodo «Willy».
En la segunda hoja, encabezada con una «H», aparecen una serie de inscripciones ilegibles y es en la tercera donde se refleja lo que parece ser una contabilidad. En la primera de las columnas, bajo la letra «C» (se supone que se refiere a cobros) hay una serie de iniciales y unas cantidades; en la segunda, que tiene una «P» (pagos, según la misma lógica) hay más iniciales y, de nuevo, unas cantidades. Las últimas son: «Juzgado seguido de 80» y «JAG», y a su lado Roca escribe 200. La primera deducción era obvia: fuera quien fuese «JAG» habría recibido 200.000 euros.
El hallazgo era, sin duda, relevante para la investigación, pero resultó extraño que la Comisaría General de Policía Judicial no fuese informada del asunto. Además, en enero de 2007 el juez Torres recibió un informe de sus dos policías de confianza en el que apuntaban que detrás de las siglas «JAG» se encontraba un alto mando de la Policía. Sin embargo, el documento resultó bastante endeble: por ejemplo, identificaba a «Willy» como un alto cargo policial, lo que no se ha podido determinar; señalaba que «JAG» hablaba regularmente con Roca, a pesar de que en ninguno de los teléfonos intervenidos al cerebro de la trama aparece en momento alguno el comisario González ni ningún otro responsable del Cuerpo; y precisaba que el comunicante «conoce perfectamente la estructura policial», aunque identifica a Pepe Marín como comisario General de Policía Judicial y no de Seguridad Ciudadana, su verdadero puesto, y de que llama al comisario de Marbella Francisco de Paula cuando todo el mundo le conocía como Paco Vélez. En el informe de los citados inspectores, según consta en el sumario, "la persona que realiza la llamada a Roca es JAG, el propio JAG recibe el cobro de 200 (se entiende que 200.000 euros) y esta persona conoce la estructura policial (...)»
Una pieza secreta
El juez Torres, no obstante, decidió abrir una pieza separada y secreta sobre este asunto y encargó a la Unidad de Asuntos Internos la investigación de Juan Antonio González , toda vez que los dos autores del informe no hacían ninguna observación sobre el resto de jefes policiales que aparecían en las anotaciones.En ese momento las investigaciones se reforzaron al máximo, con el apoyo explícito a los investigadores de Asuntos Internos de Miguel Ángel Fernández Chico, director adjunto operativo de la Policía, que quería llegar hasta el final. Las pesquisas fueron extremadamente minuciosas y se prolongaron año y medio, tiempo en el cual no solo fue investigado el comisario González y su mujer, sino también sus hijos y su padre. Se le intervinieron los teléfonos y se le hizo una rigurosa investigación patrimonial con la colaboración de la Agencia Tributaria.
Archivo provisional
Tras la marcha del juzgado de Miguel Ángel Torres y la llegada de Óscar Pérez, e l nuevo juez instructor, con el visto bueno del fiscal Anticorrupción, Juan Carlos Caballero, decidió archivar provisionalmente el caso al no encontrar indicios contra Juan Antonio González. Ni el informe de la Udyco Costa del Sol, ni los de Asuntos Internos, había podido demostrar nada turbio en relación al presunto cohecho y revelación de secretos. En definitiva, según la propia investigación, no se puede determinar que las siglas «JAG» correspondan a Juan Antonio González. No ha tenido ni un enriquecimiento anormal ni un incremento de patrimonio que no se pueda justificar. Y ahí quedó la cosa... hasta que el abogado de «Sandokán» y algunos medios decidideron resucitar el caso.
En mayo de 2007 los dos agentes del Grupo III de Blanqueo de la Udyco Costa del Sol pidieron su baja voluntaria de esta Unidad, que les fue concedida. Hace algún tiempo visitaron al magistrado Pérez para pedirle su reincorporación al caso. Amablemente, el magistrado les explicó que no era posible, pues otros investigadores habían cogido su relevo y no había motivos para sustituirles.
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