La nueva unidad contra la «desinformación» de Pedro Sánchez estará en Moncloa y tiene al menos siete integrantes

Fuentes del Gobierno, preguntadas este miércoles por la creación de esta nueva unidad, aprovechando la reestructuración en la Presidencia del Gobierno tras la dimisión de Francisco Salazar, aseguran que «se ha creado para responder al mandato de dos directrices europeas». Son la NIS2 y el Plan de Acción para la Democracia Europea.

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En el caso de la NIS2 se trata de una ley europea que establece un marco para mejorar la ciberseguridad en toda la UE y que fue aprobada en el año 2022. Moncloa ha tardado tres años en considerar la necesidad de cumplir con la normativa europea.

Respecto del Plan de Acción para la Democracia Europea, una estrategia integral para fortalecer la democracia en la UE y a nivel mundial, fue aprobado en el año 2021. Por lo que España lleva cuatro años de retraso en cumplir con las directrices comunitarias.

Pero ambas normativas europeas, en las que se escudan ahora en el complejo presidencial, son la excusa oficial para la creación de esta nueva unidad, ya que gran parte de la labor de los informáticos y policías que bucearán en las redes sociales, explican también fuentes gubernamentales, pasará por desplegar el Procedimiento de Actuación contra la desinformación del Consejo de Seguridad Nacional.

Los nuevos 'guardianes' de las redes de la Presidencia del Gobierno, según explican fuentes de Moncloa a este periódico, estarán muy vigilantes a los mensajes de odio o desinformación que se puedan publicar en las redes sociales y que den lugar a hechos como los que ocurrieron hace unas semanas en la localidad murciana de Torre-Pacheco, más allá de estar pendientes, también, de posibles ataques o injerencias por parte de terceros países, que como en los casos anteriores que se investigan desde la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía, el CNI tiene bajo su radar.

La lucha contra los mensajes de odio o la desinformación, cuestiones que serán determinadas en cada momento por parte de la administración presidida por Sánchez, se han convertido en una de las principales obsesiones del Ejecutivo. Conscientes, en gran medida, de que además de la alteración del orden público, la propagación de ciertos mensajes en las redes también puede tener una afectación directa en los resultados electorales en unas futuras elecciones.

En el Gobierno rechazan aclarar el coste que tendrá para las arcas públicas la creación de esta nueva unidad.

Este martes, precisamente, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación, que contempla la creación del registro estatal de medios de comunicación, dependiente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de de «una ley muy importante que va a tener efectos muy reales sobre la vida cotidiana de mucha gente». Con esto, el Gobierno pretende tener un mayor control de la prensa en España.