La nueva presidenta del Consejo de Estado deja su cargo en manos de la Justicia: «Respetaré lo que digan los tribunales»

El mismo Sánchez la eligió para darle uno de los puestos más cotizados entre los altos órganos del Estado, dotado de un sueldo de 86.900 euros. El 16 de octubre, el Gobierno hizo público que había elegido a esta socialista para presidir el Consejo de Estado, decisión que quedó formalizada en el BOE del 31 de octubre.

Poco después, la asociación Hay Derecho presentó ante el Tribunal Supremo un recurso contra el nombramiento de Magdalena Valerio, por entender que es notorio que no cumple con el requisito esencial que fija la ley para poder ocupar ese puesto: ser un «jurista de reconocido prestigio y [tener] experiencia en asuntos de Estado».

El propio currículum oficial de Magdalena Valerio en la web del Consejo de Estado indica que, salvo una fugaz etapa como profesora de Derecho Laboral en su juventud, su trayectoria profesional fue la de funcionaria de la escala de Gestión de Seguridad Social y de Empleo. El resto del currículum se dedica a relatar sus múltiples cargos políticos, desde que fue elegida concejala de Guadalajara en 1999 hasta que fue diputada y ministra de Trabajo con Pedro Sánchez, pasando también por la política autonómica, en la que fue diputada regional en Castilla-La Mancha y consejera en el Ejecutivo de esta comunidad autónoma.

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Magdalena Valerio, que este lunes se estrenó en rueda de prensa en el Consejo de Estado para presentar la memoria del organismo de 2021, evitó entrar a valorar si su perfil cumple o no con el requisito que exige la ley para ocupar la presidencia de este alto órgano consultivo. Preguntada al respecto, se limitó a expresar su «respeto» al recurso que ha presentado No Hay Derecho y afirmó que «respetaré lo que digan los tribunales de justicia».

Respecto a si considera que el Gobierno ningunea al Consejo de Estado por no someter a su dictamen alguno de los proyectos de ley de calado que ha ido impulsando, Valerio defendió al Ejecutivo afirmando que solo cabe exigírselo en los supuestos en los que es obligatoria la consulta previa, pero no cuando esa consulta es potestativa, es decir, cuando depende de la voluntad libre del Gobierno. Por más que se trate de iniciativas legislativas de especial calado, Magdalena Valerio insistió en que «cuando la solicitud del dictamen es facultativa, es el Gobierno el que decide y por nuestra parte solo cabe aceptar la decisión con total respeto». Evitó expresamente pronunciarse sobre si consideraba que, pese a no ser obligatorio por ley, el Gobierno haga un mayor uso de las consultas potestativas ante el Consejo de Estado.

Eso pese a que, minutos antes, al inicio de su rueda de prensa, Magdalena Valerio destacó el especial valor que tiene el Consejo de Estado para contribuir a la «reflexión serena y desapasionada» en estos «tiempos inciertos y acalorados». Y abogó por que se aproveche el «conocimiento sólido, experto y sosegado» del Consejo de Estado, con cuyos dictámenes «contribuye a la eficacia de las políticas públicas mediante el diseño de instrumentos jurídicos» a partir de la «objetividad y de la neutralidad y de su prestigio».