El Consejo fiscal alerta del «intenso peligro» de que las autoridades oculten información clave con la nueva ley de secretos

Según concluye el informe que adelantó el diario 'El Mundo' y al que ha tenido acceso ABC, el anteproyecto de la Ley de Información Clasificada «no cumple los estándares marcados» por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre «el derecho de acceso a la información pública y su garantía» en el marco del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Asimismo, advierten que el anteproyecto «se limita a derogar» la Ley de Secretos Oficiales que data de 1968 «sin abordar ni precisar reglas de coordinación o aclaración de posibles incongruencias, incoherencias, colisiones y contradicciones con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno».

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Advierte que permitiría ocultar datos que deben ser públicos, que vulnera el derecho de información de los ciudadanos y que choca también con la jurisprudencia del Tribunal Supremo y con la legislación europea

Otro de los problemas que señala el informe es «la extraordinaria amplitud de las materias y ámbitos a los que se extiende el concepto de información clasificable» dando lugar a «serios problemas de encaje constitucional e incompatibilidad con la certeza, precisión y previsibilidad que exige la jurisprudencia del TEDH».

Además, los procedimientos de clasificación, desclasificación, revisión periódica y reclasificación contemplados en el texto del anteproyecto «se regulan con un excesivo recurso al desarrollo reglamentario», lo supone una «falta de predeterminación normativa a nivel legal», con «déficits de certidumbre, previsibilidad y objetividad» que conllevan «el riesgo de conceder un amplio campo de acción a las autoridades de clasificación».

«Concurre un intenso peligro de que, por la dispersión competencial y tal posibilidad de delegación, florezcan divergencias aplicativas y en determinados casos se dé lugar a situaciones de indeterminación, descoordinación, dilución de responsabilidades o incluso a prácticas de ocultación de información entre autoridades», advierte el Consejo Fiscal.

Por otro lado califica de «insuficiente» la regulación del derecho de la ciudadanía a «solicitar acceso a la información» y señala que el anteproyecto «no contempla ningún régimen o procedimiento específico de reclamación» en los casos en los que sea desestimada la solicitud de acceso.

El Consejo Fiscal insta, como «prioritario» a adaptar el anteproyecto de la futura ley de información clasificada a «la jurisprudencia del TEDH» y a «los límites estrictos del art. 105b de la Constitución». También pide «precisar reglas de coordinación o aclaración ante posibles incongruencias, incoherencias, colisiones y contradicciones con la Ley de Transparencia».