Las seis noticias imprescindibles de este jueves 18 de julio

2. El CGPJ investiga si la Generalitat ha espiado a los jueces de Cataluña. El Consejo General del Poder Judicial va a investigar si la Generalitat ha accedido de forma indebida a tratamientos jurisdiccionales de control y seguimiento que no están previstas en la ley. La Comisión Permanente ha acordado la incoación de estas diligencias después de que hace unos días, en las pantallas de los ordenadores de algunos jueces destinados en esa Comunidad apareciera un mensaje sobre la «vigencia y aplicabilidad» de una instrucción de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalitat. El mensaje informaba a los jueces de la posibilidad de acceso por parte de la administración autonómica a distintos elementos de «control y seguimiento». El mensaje incluía una mención que indicaba que el uso del ordenador implica una «manifestación expresa» del conocimiento de los términos y condiciones de la instrucción e incluía una pestaña de «confirmación de lectura» que forzosamente había de ser pulsada para seguir utilizando el dispositivo.

3. Las hijas de la víctima de Borja Salvador aceptarían suspender la pena si reciben el dinero. El abogado de las hijas de Pedro, el hombre que murió como consecuencia de los golpes que le propinó Borja para recuperar el bolso de una mujer que la víctima le había robado, ha indicado que sus representadas «están asistiendo atónitas al circo mediático» del caso y que solo aceptarían la suspensión de la pena de prisión de dos años impuesta al joven por un delito de homicidio imprudente, si éste hace efectiva la indemnización de 180.000 euros. El abogado de las hijas del fallecido, Enrique Agüera, que ejerce la acusación particular en el caso, que ha insistido en que ellas «están en un segundo plano, tratando de mantenerse al margen totalmente» y mantiene que «no tienen nignuna opinión». Ante esto, Borja ha aceptado los 120.000 euros que el partido Vox ha recaudado gracias a una campaña de «crowdfunding».

4. La familia de Yéremi Vargas pedirá que se releve al juez y se reabra el caso. Los padres de Yéremi Vargas, el niño que desapareció en Vecindario (Gran Canaria) hace doce años, van a pedir que se releve del caso al juez que lo archivó en octubre de 2017 y que las investigaciones se retomen en la línea que sugería la Guardia Civil, con Antonio Ojeda como sospechoso. El nuevo letrado de la familia, Marcos García Montes, ha anunciado que en septiembre presentará una serie de iniciativas para denunciar que el instructor del caso Yéremi, el juez Juan Manuel Herno, no practicó determinadas líneas de investigación necesarias para acreditar una serie de indicios que señalaban a Ojeda y dictó un auto de archivo «injusto, a sabiendas"». La madre del niño desaparecido, Ithaisa Suárez, afirma comenzar esta nueva etapa con esperanza de saber qué ocurrió: «Llevamos doce años con este sufrimiento... y ya está bien».

5. Adelante Andalucía se divorcia de Podemos en el Senado. El grupo político conformado por Podemos Andalucía, Izquierda Unida Andalucía, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, ha formalizado este jueves la creación del nuevo Grupo Izquierda Confederal que estará compuesto por esta fuerza política demás de Mès per Mallorca, Compromís, Más Madrid (la de Íñigo Errejón) y Catalunya en Comú Podem que aglutina a un total de cinco senadores de designación autonómica procedentes de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Madrid. Esta decisión supone el divorcio claro y público de Adelante Andalucía de Podemos que dirige Pablo Iglesias y con quien esta formación mantiene grandes diferencias, empezando por el referéndum a los inscritos que se está realizando para aprobar o no un Gobierno con Pedro Sánchez.

6. El G7 impulsará una «tasa Google» común para 2020. Los ministros de Finanzas del G7 (Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania, Japón e Italia) han alcanzado un consenso sobre la fiscalidad digital en la segunda jornada de reuniones en Chantilly (Oise), con lo que se abre una vía para un acuerdo a nivel global a finales de 2020. En concreto, en un comunicado, la presidencia francesa ha destacado que «los ministros de finanzas ha alcanzado un acuerdo sobre la urgencia de afrontar los desafíos, que desde el punto de vista fiscal representa la economía digital». Una clara referencia a la posibilidad de hacer tributar a los gigantes tecnológicos en los países donde no tienen presencia física.