Los concejales de ANV en Berriozar procesados por la Audiencia Nacional se encierran en el ayuntamiento

La protesta comenzó tras un pleno extraordinario convocado por el alcalde, de NaBai, para mostrar su “solidaridad” con los tres ediles acusados de enaltecimiento del terrorismo

GORKA MORENO
PAMPLONA Actualizado:

Los tres concejales de la ilegalizada ANV en la localidad navarra de Berriozar, que serán juzgados el próximo 13 de julio en la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo, iniciaron ayer un encierro que durará hasta hoy en la sede del ayuntamiento como protesta por el proceso judicial iniciado contra ellos. El encierro, en el que participaron además varios simpatizantes, dio comienzo tras la celebración de un pleno extraordinario convocado por el alcalde, Xabier Lasa, de Nafarroa Bai, con el objetivo de mostrar su apoyo a los ediles, para los que la Fiscalía solicita año y medio de prisión e inhabilitación por diez años. Lasa permitió la acción de protesta de los tres implicados -Fermín Irigoyen, Ezequiel Martín e Izaskun Cebrián-, lo que provocó duras críticas por parte de UPN, PSN y CDN, que definieron el acto como un intento de “coacción” a los tribunales.

La tensión y las descalificaciones entre constitucionalistas y abertzales y nacionalistas fueron constantes. UPN, PSN y CDN ya habían dejado claro que rechazaban de plano la celebración de un pleno para someter a votación dos mociones en las que se exigía el fin del proceso judicial contra Fermín Irigoyen, Ezequiel Martín e Izaskun Cebrián. Los afectados definieron su acusación como una “campaña de acoso y derribo injusta y desproporcionada”, pero ambos textos fueron rechazados.

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Por un lado, ANV presentó una moción en la que exigía a la Audiencia Nacional y al Gobierno central “la paralización inmediata del procedimiento” y la “derogación de la Ley de Partidos”. Y sin ningún complejo, solicitaba además que el consistorio sufrague el gasto de fletar un autobús a Madrid para sus simpatizantes el día del juicio. Por su parte, NaBai mostró en un segundo documento su “solidaridad” con los tres procesados ante un “procedimiento injustificable y desproporcionado”, y defendió que se trata de “concejales elegidos democráticamente”.

El edil regionalista Sergio Sayas subrayó que el encierro consentido por Lasa es “realmente grave” y que el pleno suponía “una injerencia en el proceso judicial abierto”. Sayas acusó a Nafarroa Bai de “echarse a los brazos de ANV”, en referencia al acuerdo alcanzado entre Eusko Alkartasuna (EA) y la ilegalizada Batasuna; de estar viviendo un período de “radicalización”; y de sobrepasar los límites de lo aceptable en una democracia.

Similares fueron las declaraciones del socialista José Antonio Navidad, quien afirmó que tanto NaBai como ANV están intentando “coaccionar a la justicia”. Navidad recordó, al igual que el concejal de CDN, Santos Munárriz, que los ediles de ANV “jamás han condenado un atentado, ni siquiera el del subteniente Casanova”, asesinado por ETA hace casi diez años en el municipio. También reprochó al alcalde que en todo este tiempo, “nunca haya acudido al homenaje que se hace a Casanova todos los años”, y provocó los nervios de Lasa cuando explicó cómo durante la noche de San Juan, algunas personas “quemaron maderas simulando que ardía la Audiencia Nacional”.

Más tibia fue la postura de la concejala de Izquierda Unida, Laura Jiménez, quien visiblemente nerviosa defendió “la legitimidad del alcalde para convocar el pleno” extraordinario. Aunque votó en contra de la moción de ANV y defendió la División de Poderes, secundó dos puntos del documento presentado por NaBai, calificó a la justicia española de “imperfecta” y reclamó a la Audiencia Nacional que proporcione a los tres acusados “las debidas garantías jurídicas”.

Lejos de desautorizar el encierro, el primer edil apoyó la protesta en silencio, sin dar explicación alguna al resto del pleno, de manera que Irigoyen, Martín y Cebrián pudieron iniciar su particular reivindicación dentro del consistorio sin ningún impedimento. Una acción que concluirá hoy por la mañana con un ayuno voluntario y a la que seguirá una manifestación bajo el lema “Por los derechos civiles y políticos”, prevista para las 20.30 horas. Los tres ediles ya han anunciado que irán al juicio acompañados por decenas de militantes y que convocarán para el 13 de julio una nueva concentración en la pequeña localidad navarra, de unos 9.000 habitantes. A todo esto se suma la campaña de recogida de firmas que ha tenido lugar durante los últimos días en el propio ayuntamiento.

Un conflicto que comenzó en las fiestas de 2009

Los hechos por los que Irigoyen, Martín y Cebrián permanecen como imputados como presuntos autores de un delito de enaltecimiento del terrorismo se remontan al 26 de agosto del año pasado, cuando el alcalde les otorgó la posibilidad de lanzar el chupinazo de las fiestas a pesar de que la formación abertzale ya había sido ilegalizada y de que, en esas mismas fechas, se cumplían nueve años del cruel atentado que acabó con la vida del subteniente del Ejército de Tierra Francisco Casanova. Casanova, de 46 años, casado y con dos hijos, fue tiroteado por un etarra cuando se disponía a aparcar su coche en el garaje de su domicilio, situado en la calle Askatasuna de Berriozar.

Aunque ninguno de los tres ediles de ANV prendió finalmente el cohete, una persona disfrazada de kiliki, “de quien aún no se conoce la identidad” según indicó Sayas, dio inicio a los festejos “ante la atenta mirada de los procesados, que se encontraban en el balcón consistorial”.

Y lejos de amedrentarse, los concejales abertzales acudieron acto seguido a una manifestación donde mostraron una pancarta a favor de los presos de ETA y de su acercamiento al País Vasco y Navarra. También participaron en la entrega de un ramo de flores a familiares de reclusos de la banda terrorista, de ahí que la Audiencia Nacional haya decretado su procesamiento.