Sanz y la consejera de Salud defenderán en el Parlamento su rechazo a la ley del aborto

La polémica sobre la postura de la comunidad foral ante la reforma Aído está abriendo una grieta cada vez más profunda entre UPN y el PSN, socios de gobierno hasta ahora. Y eso que aún el Consejo de Navarra no se ha pronunciado acerca de si la nueva ley supone “una invasión y un contrafuero” respecto a las competencias navarras en materia de salud, tal y como denuncia el Ejecutivo de Sanz. Falta sólo un año para las elecciones forales y los partidos políticos navarros comienzan a marcar claramente sus diferencias.

De hecho, el PSN ya se ha movilizado junto a Na Bai e IU para llevar al Parlamento navarro la reforma de la Ley Foral de Salud de 1990 y tratar de garantizar la práctica de abortos en la red sanitaria pública de Navarra. Una decisión con la que se pretende ir más allá incluso de las propias condiciones establecidas en la nueva ley, que el Gobierno de Navarra ha aplicado hasta ahora derivando la práctica de abortos a centros privados de otras comunidades previo abono de los costes de la prestación.

Antes del inicio de la Mesa y la Junta de Portavoces, el regionalista Carlos García Adanero manifestó que "llama la atención" que los grupos quieran que acuda el presidente y la consejera "cuando se han posicionado claramente y han tomado iniciativas" respecto a la interrupción voluntaria del embarazo. El portavoz de UPN volvió a incidir en que su partido no entiende cómo las distintas formaciones no apoyan el recurso ante el Tribunal Constitucional y por qué "no se defiende el autogobierno" en este aspecto.

En este sentido, el socialista Samuel Caro reclamó que se "garantice" el derecho de las mujeres navarras a que, "en igualdad de condiciones con las del resto de España", puedan interrumpir voluntariamente su embarazo. También instó al Gobierno foral a que deje de ser "hipócrita" y a que "no envíe a las mujeres a abortar a otra comunidad pagando la prestación con fondos públicos".

Por su parte, el portavoz de Na Bai, Patxi Zabaleta, reivindicó que se cumpla la ley y manifestó una "curiosidad bien sana" por conocer el dictamen final del Consejo de Navarra, solicitado por el gobierno. A su juicio, la ley del aborto "no es recurrible ante el Constitucional".