Dos años sin poner en marcha la Ley de Accesibilidad Universal

Por ello, para la coalición defiende que “su ejecución ha de ser una prioridad para las Administraciones Públicas y, de forma especial, para el Gobierno de Navarra, que debería haber presentado, ya el pasado año, un plan de actuación ante el Parlamento de Navarra en materia de accesibilidad universal, fijando las medidas, el calendario y las cuantías económicas necesarias para corregir los déficits existentes en relación con el derecho de accesibilidad universal y diseño para todas las personas”.

Dicho Plan, destacan, “no se ha presentado, no se ha realizado desarrollo reglamentario alguno y además no se han ejecutado apenas actuaciones dirigidas a mejorar la accesibilidad de edificaciones y viviendas, transporte, sistemas de relación de la Administración con la ciudadanía, empleo, sistema educativo, sistema sanitario, actividades culturales, deportivas y de ocio y acceso a la Administración de Justicia”.

Asimismo, NA+ critica que la Ley no se ha dotado presupuestariamente a pesar de que este año se aprobó un Presupuesto expansivo, “lo que dice mucho de la nula voluntad del Gobierno de Navarra con esta materia”. En este sentido, recuerda que Navarra Suma presentó 26 enmiendas a los Presupuestos Generales de Navarra para 2020 por un importe superior a los 6,5 millones de euros dirigidas a que en todos los departamentos se habilitaran partidas dirigidas a lograr la ejecución de esta Ley.

Por ello, la parlamentaria de Navarra Suma Marta Álvarez ha solicitado la comparecencia del consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, a quien le corresponde coordinar la ejecución de la Ley en el Gobierno de Navarra, para que dé explicaciones sobre su inejecución.

El Pleno del Parlamento de Navarra aprobó esta legislación el 7 de junio de 2018 con el objeto de “dotar a Navarra de un marco normativo propio de accesibilidad universal para, de conformidad con un escenario demográfico tendente al incremento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población, avanzar en la consecución de una sociedad inclusiva que garantice la autonomía y favorezca la igualdad de oportunidades”. La aprobación de la ley fijaba en seis meses el plazo de presentación en el Parlamento de un Plan de actuación y a su vez, se daba un año de tiempo a las entidades locales para aprobar también un plan integral de actuación en la materia.