análisis
Segunda reunión en Bruselas mientras el Supremo se apaga
La mejor muestra de voluntad negociadora sería devolver las competencias y el prestigio al CGPJ
Reynders recibe de nuevo a Bolaños y González Pons para avanzar en el desbloqueo del CGPJ
El PP busca en Bruselas «garantías» para que lo acordado con Bolaños se «materialice»
Reynders supervisa el encuentro entre Bolaños y Pons, el pasado 31 de enero
La situación del Tribunal Supremo es dramática por el goteo constante de bajas que se están produciendo sin que puedan ser cubiertas a raíz de la reforma del PSOE que impide al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos. Esta misma semana se ha jubilado ... la magistrada de la Sala Tercera Celsa Pico, lo que eleva a 25 las vacantes en el Alto Tribunal (una de cada tres plazas) y deja precisamente esa Sala de lo Contencioso-Administrativo, la que revisa los actos del Gobierno, con sólo 20 de los 33 magistrados que debería tener. Claro, que la Sala de lo Social tampoco se encuentra en una situación mejor, pues en este caso directamente está funcionando a medio gas (con 6 de los 13 magistrados que fija la ley). También la de lo Militar, con sólo cinco de sus ocho miembros. El Gabinete Técnico del Supremo ya lo advirtió en 2023: esto va a suponer dictar mil sentencias menos al año con el consiguiente perjuicio al justiciable, para el que su caso es algo más que un número. En el Tribunal Supremo hay preocupación, al igual que en el CGPJ, al que los mismos que recortaron sus funciones en 2021, intentan deslegitimar y culpar de una situación de la que sólo son responsables los partidos, cuya incapacidad para ponerse de acuerdo ha provocado que el órgano de gobierno de los jueces lleve en funciones más de cinco años.
Con este desolador panorama como telón de fondo, una campaña de ataques sin precedentes a los miembros del Poder Judicial por parte de los socios de Sánchez y la ley de amnistía en curso, este lunes se vuelven a reunir en Bruselas el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, bajo la supervisión del comisario europeo Didier Reynders. Se trata del segundo encuentro para tratar de renovar y reformar el órgano de gobierno de los jueces después de que una gripe del dirigente popular obligara a suspender la cita prevista para el pasado 12 de febrero. El objetivo de las negociaciones está claro, no sólo porque el propio Reynders lo ha dicho por activa y por pasiva –en Bruselas y en Madrid–, sino porque así lo vienen señalando distintos informes que evalúan el Estado de derecho en España y que, ya antes de la tramitación de la ley de amnistía y de las acusaciones de 'lawfare' a los jueces, advertían de la necesidad de garantizar la independencia judicial con medidas como la de que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos por la carrera.
A día de hoy, ni aun con la supervisión de Europa que ha pedido el PP, se vislumbra una solución inmediata a esta situación: en Génova hace mucho tiempo que son conscientes de que la renovación del CGPJ tiene que producirse, pero no están dispuestos a negociar nada si no hay garantías de que se va a producir esa reforma en el sistema de elección de vocales que, insisten, ha de plasmarse en el acuerdo. El PSOE, por su parte, pone el acento en la renovación, y a Bolaños no le importa defender públicamente, como hizo recientemente ante una asociación judicial, que el actual sistema, de elección íntegramente parlamentaria, es el válido. En este escenario de difícil salida para el PSOE –pues es evidente que las posiciones de PP y Reynders coinciden– no es difícil aventurar que Bolaños podría abrirse a que el Parlamento «estudie» esa reforma, pero se dará de bruces con la oposición del PP, consciente de que ese debate no tendría recorrido desde el momento en que PSOE y Sumar cuentan con mayoría en la Cámara Baja. De ahí la importancia de que ese compromiso figure por escrito.
Quizá la forma de demostrar que no hay trampa ni cartón y que hay una verdadera voluntad negociadora es, de momento, desandar lo andado y devolver al CGPJ las competencias hurtadas en materia de nombramientos. Sería una solución para aliviar la desesperada situación del Supremo y para sacar al Consejo de la injusta campaña de descrédito en la que le ha sumido el Gobierno. Injusta, porque el PSOE justificó aquella reforma en que la mayoría conservadora nombraba a los jueces del Alto Tribunal, cuando la realidad es que precisamente en este mandato todos los nombramientos fueron ampliamente consensuados y uno de cada tres, unánime.