Segunda reunión en Bruselas mientras el Supremo se apaga

Con este desolador panorama como telón de fondo, una campaña de ataques sin precedentes a los miembros del Poder Judicial por parte de los socios de Sánchez y la ley de amnistía en curso, este lunes se vuelven a reunir en Bruselas el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, bajo la supervisión del comisario europeo Didier Reynders. Se trata del segundo encuentro para tratar de renovar y reformar el órgano de gobierno de los jueces después de que una gripe del dirigente popular obligara a suspender la cita prevista para el pasado 12 de febrero. El objetivo de las negociaciones está claro, no sólo porque el propio Reynders lo ha dicho por activa y por pasiva –en Bruselas y en Madrid–, sino porque así lo vienen señalando distintos informes que evalúan el Estado de derecho en España y que, ya antes de la tramitación de la ley de amnistía y de las acusaciones de 'lawfare' a los jueces, advertían de la necesidad de garantizar la independencia judicial con medidas como la de que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean elegidos por la carrera.

A día de hoy, ni aun con la supervisión de Europa que ha pedido el PP, se vislumbra una solución inmediata a esta situación: en Génova hace mucho tiempo que son conscientes de que la renovación del CGPJ tiene que producirse, pero no están dispuestos a negociar nada si no hay garantías de que se va a producir esa reforma en el sistema de elección de vocales que, insisten, ha de plasmarse en el acuerdo. El PSOE, por su parte, pone el acento en la renovación, y a Bolaños no le importa defender públicamente, como hizo recientemente ante una asociación judicial, que el actual sistema, de elección íntegramente parlamentaria, es el válido. En este escenario de difícil salida para el PSOE –pues es evidente que las posiciones de PP y Reynders coinciden– no es difícil aventurar que Bolaños podría abrirse a que el Parlamento «estudie» esa reforma, pero se dará de bruces con la oposición del PP, consciente de que ese debate no tendría recorrido desde el momento en que PSOE y Sumar cuentan con mayoría en la Cámara Baja. De ahí la importancia de que ese compromiso figure por escrito.

Quizá la forma de demostrar que no hay trampa ni cartón y que hay una verdadera voluntad negociadora es, de momento, desandar lo andado y devolver al CGPJ las competencias hurtadas en materia de nombramientos. Sería una solución para aliviar la desesperada situación del Supremo y para sacar al Consejo de la injusta campaña de descrédito en la que le ha sumido el Gobierno. Injusta, porque el PSOE justificó aquella reforma en que la mayoría conservadora nombraba a los jueces del Alto Tribunal, cuando la realidad es que precisamente en este mandato todos los nombramientos fueron ampliamente consensuados y uno de cada tres, unánime.