Los indicios también penalizan a García Ortiz

Al margen de los reproches de los magistrados a Sánchez Conde por haber interpretado de forma aislada los indicios contra Carles Puigdemont –para oponerse a que se le investigue–, hay varios hechos objetivos en esta causa que llevan a pensar que los virajes de la Fiscalía no son fruto de la casualidad y que, al menos de momento, el tiempo está dando la razón al instructor del caso, el juez Manuel García-Castellón.

El primero es que una vez admitida la calificación de los hechos como terrorismo en la propia memoria de la Fiscalía relativa a 2020, no fue hasta el pasado año, con la sombra de la amnistía ya planeando sobre el Gobierno de Sánchez, cuando esta calificación empieza a cuestionarse y cuando el fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo –quien, por cierto, esta misma semana aspira a la jefatura de la Fiscalía de Ciudad Real–empieza a llamar desórdenes públicos a los graves incidentes de El Prat, esos con los que Tsunami, «animado por la finalidad de subvertir el orden constitucional y desestabilizar las instituciones», cometió graves delitos que el Supremo ve perfectamente incardinados en terrorismo.

Otro de los indicios que, como los de Puigdemont no pueden verse de forma aislada, es que cuando la exposición razonada del instructor llega al Supremo, el fiscal Álvaro Redondo elaboró un primer escrito –informe interno, borrador, es indiferente– en el que apreciaba terrorismo, y que tres días después, «tras un profundo estudio» del caso, se alineó con los intereses del Gobierno y descartó este delito. El siguiente indicio es ya el «155» con el que, en palabras del fiscal Salvador Viada, se encontraron los fiscales que acudieron a la junta del pasado 6 de febrero, y que de forma abrumadora, por doce votos a quince, vieron terrorismo en la actuación de Tsunami.

El hecho de que los dos jefes de sección, Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa, discreparan sobre la calificación de los hechos y la imputación de Puigdemont dejó el informe en manos de la número dos de García Ortiz, ascendida, por cierto, en su momento, por Dolores Delgado. Aunque Sánchez Conde reclamó los dos informes para elaborar el definitivo (el minoritario de Álvaro Redondo y el que recogió el sentir de la mayoría, elaborado por Fidel Cadena), lo cierto es que en la Fiscalía del Supremo ya se olían lo que iba a presentar. El resto ya es sabido: el rapapolvo de la Sala a la teniente fiscal que, como señalaba el viernes la asociación de fiscales APIF desacredita aún más a la institución.

Lo cierto es que esta semana se avecina una nueva prueba de fuego para el fiscal general, con el primer Consejo Fiscal –tras su toma de posesión– en el que se abordarán varios nombramientos. Entre ellos está el de la jefatura de la Fiscalía de Menores, para el que Dolores Delgado se empeñó en proponer por segunda vez a Eduardo Esteban pese a advertirle el Supremo en una primera ocasión que «discrecionalidad y arbitrariedad» no es lo mismo y que la diferencia de los méritos de su candidato respecto al otro, José Miguel de la Rosa, era realmente «llamativa». De la Rosa vuelve a concurrir a esta plaza el miércoles, junto con otras tres fiscales. La pregunta que está en el aire es si García Ortiz escuchará a la mayoría del Consejo Fiscal o si, por el contrario, con este y otros nombramientos acumulará nuevos indicios que, valorados junto a los demás, termine en prueba concluyente.