Los nacionalizados con la ley de Memoria tendrán ayudas económicas y sanidad

Para los que tengan situaciones de bajos ingresos, además del Ingreso Mínimo Vital, el subsidio para mayores de 55 años o el acceso a pensiones no contributivas siempre que se cumplan las condiciones (ver página siguiente), el Estado, las autonomías y los ayuntamientos otorgan ayudas específicas para los españoles que retornan al país, a las que, según fuentes de la asistencia social, podrían acogerse los nuevos nacionalizados sin haber contribuido nunca a las arcas públicas.

Entre estas ayudas se encuentran el subsidio por desempleo para retornados al que tienen derecho los nacionales que vuelven tras trabajar en otras naciones, con un importe de 463 euros actualmente, y una duración que en el caso de los mayores de 52 años se extiende hasta que el beneficiario encuentre trabajo o pueda acceder a una pensión contributiva de jubilación. Para los menores de 52 años, la duración de esta paga es de seis meses, pero cuando se agota entra en juego otra: la renta activa de inserción para retornados. Se trata de un auxilio extraordinario para personas con gran dificultad para encontrar trabajo y en situación de necesidad económica, que tiene el mismo importe que el subsidio, pero puede percibirse durante once meses.

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Al margen de estas pagas, el Estado ofrece ayudas destinadas a atender los gastos extraordinarios derivados del retorno también en casos de necesidad. Y más allá de la protección económica, la Secretaría de Estado de Migraciones cuenta con el llamado 'Plan de Retorno a España' que incluye unas 50 medidas para facilitar la vuelta y que se agrupan en distintas áreas. Desde apoyo para definir un proyecto profesional, la ayuda para planificar la vuelta e instalarse, pasando por la creación de espacios para la participación y ambiente positivo para el retorno, o acompañamiento psicológico del proceso migratorio.

De forma complementaria, cada comunidad autónoma ha desarrollado su propio plan de ayuda a los españoles retornados, con distintas medidas que incluyen muchas veces auxilios económicos. Así, por ejemplo, Galicia abona hasta 3.900 euros por unidad familiar para hacer frente a las causas sobrevenidas derivadas de la vuelta que requieren atención perentoria. Y, en el caso de familias con menores, esta comunidad ayuda con 1.000 euros por descendiente menor de edad, cantidad que se eleva a 1.500 euros a partir del tercero.

En cuanto a la sanidad, todos los descendientes de españoles que se nacionalicen quedarán automáticamente cubiertos por el sistema público, aunque no cambien su residencia a España. De este modo, podrán viajar a nuestro país a someterse a intervenciones quirúrgicas o cualquier otro tipo de tratamiento médico, y también quedarán cubiertos aquellos familiares que les acompañen. Además, con la Tarjeta Sanitaria Europea podrán acceder a las prestaciones de salud que necesiten cuando se desplacen a cualquier país del Espacio Económico Europeo, Reino Unido o Suiza.

Esta circunstancia abre la puerta a una suerte de turismo sanitario, según reflexionan fuentes de Extranjería. «Ante cualquier intervención o enfermedad grave, o tratamiento que requiera de los últimos avances, es evidente que aquellos que residan en países con sistemas sanitarios de menor calidad y se lo puedan permitir vendrán a recibir tratamiento a España», señalan. Las mismas fuentes ponen el foco en que la mayor colonia de descendientes de emigrantes españoles se encuentra en Latinoamérica, donde la cobertura sanitaria se encuentra «a años luz de la española».

El acceso de los nuevos nacionalizados a los sistemas de pensiones, subsidios y prestaciones se va a producir en un momento económicamente muy diferente al de 2007, cuando el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica con un proceso de concesión de ciudadanía mucho más restrictivo.

De un lado, la situación política y económica de Latinoamérica se encuentra mucho más deteriorada que entonces. Ese deterioro hace prever a los expertos en migraciones que «el apetito por la nacionalidad española vaya a ser ahora muy superior al que existió en 2007» y que se concretó en algo más de 170.000 nuevos ciudadanos. Aunque la situación varía mucho de un país a otro, el PIB per cápita de América Latina cerró el año pasado en 16.624 dólares, con una elevada tasa de pobreza monetaria (30 por ciento), y una marcada pérdida del poder adquisitivo de los hogares más vulnerables por el incremento de la inflación. Y ello en un entorno de mayor inestabilidad social e institucional. Si en Perú han destacado las tensiones entre el poder legislativo y el ejecutivo, Chile ha vivido una crisis política al fracasar el intento de reformar la Constitución, mientras Colombia y Brasil han pasado por agitadas elecciones presidenciales. Las condiciones de vida se siguen deteriorando de forma extraordinaria en Venezuela y Cuba, mientras la situación económica de Argentina es ya peor que en 2001, cuando se produjo el «corralito».

Paralelamente, también han aumentado los desequilibrios de la economía española. Y esto provocará que el esfuerzo que tendrá que hacer el Estado por cada nuevo nacionalizado será superior al que hizo el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Así, en 2007 la deuda pública española se quedaba en 384.662 millones y retrocedía en términos de PIB hasta el 35,8 por ciento, pero ahora alcanza los 1,4 billones que suponen el 118,30 por ciento del PIB. En estos quince años la riqueza ha crecido más bien poco y la renta per cápita se encuentra en 25.500 euros frente a los 23.780 euros de entonces. Pero lo que sí ha crecido, además de la deuda, es el gasto, que alcanzó el año pasado los 610.864 millones, desde los 422.204 millones de 2007. Dentro de esta evolución del gasto destaca la casi duplicación de la inversión en pensiones, que ha pasado de los 91.458 millones de 2007 a los 171.140 millones del año pasado, sin plan que asegure sus viabilidad a medio plazo.

Todo ello aumenta la gravedad de la trampa jurídica del Gobierno, que ha actuado a espaldas del Congreso para ampliar la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de todos los emigrantes españoles. La nueva Ley de Memoria estipula que solo dispensaría a los hijos, nietos y bisnietos de exiliados políticos.