La Policía libera a 32 mujeres víctimas de una red de explotación sexual en Murcia y detiene a 14 responsables

Hasta la fecha, se han realizado cinco registros, uno en el domicilio de dos de los investigados y el resto en locales abiertos al público, que han permitido la liberación de 32 mujeres víctimas de explotación sexual, además de localizar a otras cinco personas que estaban siendo explotadas laboralmente, según han informado fuentes de la Policía en un comunicado.

Han sido detenidas 14 personas, a quienes se les imputa la comisión de los siguientes delitos: organización criminal, delitos relativos a la prostitución, agresión sexual, contra los derechos de los trabajadores, favorecimento de la inmigración ilegal, tenencia ilícita de armas, contra la salud pública y blanqueo de capitales. La titular del Juzgado ha acordado el ingreso en prisión provisional de cuatro de los cinco investigados puestos a disposición judicial el pasado mes de mayo.

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Actualmente, dos de ellos mantienen esta medidas cautelar y los otros tres están en libertad con prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y obligación de comparecencia en el juzgado.

Las víctimas, que habrían llegado a ser intimidadas con armas de fuego por los integrantes de la organización criminal, eran sometidas a duras condiciones restrictivas de libertad, siendo obligadas a estar disponibles los siete días de la semana, sometidas a vigilancia las 24 horas, inducidas a vender alcohol y drogas a sus clientes, y debiendo asumir todos los gastos relativos a limpieza, luz o sábanas, entre otras cosas, imponiéndoles multas económicas si no cumplían las normas establecidas.

Durante los registros, los agentes pudieron intervenir 785.000 euros de dinero en efectivo, más de un kilogramo de cocaína, marihuana, armas de fuego, 10 vehículos de alta gama y gran cantidad de joyas y relojes de lujo. Como resultado de esta actuación, se dispuso el cese inmediato de la actividad en un hotel, una sala de ocio nocturno y una cafetería.

Además de la clausura de establecimientos vinculados a la actividad presuntamente delictiva, el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ha acordado diversas medidas patrimoniales para asegurar la responsabilidad económica que se pudiera derivar de los delitos investigados y evitar que los bienes desaparezcan o se oculten durante la investigación.

En concreto, se ha prohibido a varios de los investigados vender o disponer de sus viviendas y otros inmuebles, así como de los vehículos de su propiedad. También se han bloqueado cuentas bancarias y se han embargado de forma preventiva los saldos e intereses depositados en ellas.