El mundo jurídico se une en defensa de la Justicia

La medida de gracia negociada entre el partido del Gobierno y los independentistas catalanes como condición previa para investir a Pedro Sánchez de nuevo como presidente se presenta, según ambas partes, como «un medio adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales», para mejorar la «convivencia y la cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas». Si finalmente sale adelante, supone anular el trabajo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que juzgó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y al resto de consejeros de Carles Puigdemont por impulsar el referéndum ilegal del 1 de octubre y el proceso de independencia de 2017. También el del resto de jueces que comenzaron a investigar delitos contra el orden público relacionados con las protestas previas al 1-O y las que surgieron en respuesta a la sentencia del 'procés', las resoluciones contrarias a la ley que acordaron durante esas fechas responsables políticos catalanes y la malversación de caudales públicos para fines políticos. Anula la responsabilidad contable que pudiera haber por la organización de la consulta ilegal y la promoción exterior del 'procés' cuando aún no hay sentencia del Tribunal de Cuentas al respecto, instando a que ésta sea absolutoria, así como elimina la responsabilidad civil de todos los procedimientos.

Después de varios días preparando el terreno para la presentación del texto, en los que incluso el PSOE asumió el relato independentista del 'lawfare' -término que define la judicialización de la política para perseguir en los tribunales al adversario político- , el Supremo recordó ayer que «el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguardia de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular, de la igualdad en la aplicación de la ley».

En la nota escueta el TS también aclaró que «el Estado de derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes».

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda más numerosa de la carrera, consideró que, aunque en la exposición de motivos de la ley se intenta hacer una defensa de su constitucionalidad, «no se sabe qué bien jurídico legítimo se quiere proteger frente a una posible injerencia en la igualdad entre españoles para asegurar la proporcionalidad de la norma. En definitiva, la única finalidad es blindar absolutamente a las personas que tuvieron intervención en estos hechos frente a cualquier consecuencia jurídica», afirma su portavoz, Jorge Fernández Vaquero.

La progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que el jueves pasado, tras conocer el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura se unió al resto de asociaciones para mostrar su rechazo «a las referencias al 'lawfare' o judicialización de la política y sus consecuencias», ayer se felicitó de que dicho término no esté incluido en el texto legal. «Es un alivio que no se haga referencia al 'lawfare' y que se excluya el delito de terrorismo para los casos con sentencia firme, así como que no se haga ninguna crítica al trabajo judicial», trasladó a ABC su portavoz Edmundo Rodríguez.

Foro Judicial Independiente (FJI), por su parte, trasladó al conocer el texto que, «si el Poder Legislativo puede archivar procedimientos judiciales en trámite o dejar sin efecto el cumplimiento de sentencias firmes, se produce una intromisión en la función constitucional del poder judicial, laminando la separación de poderes». Esta asociación de jueces también afirmó en un comunicado que «el mecanismo por el cual el partido que se postula al Gobierno, cualquiera que sea éste, puede ofrecer en sus negociaciones políticas, sin límite alguno, la posibilidad de desactivar los procedimientos judiciales que afectan a los políticos que le apoyen (como ocurría en la Edad Media cuando el rey negociaba con los nobles sus fueros), el que los partidos, en definitiva, mediante el adecuado régimen de mayorías parlamentarias, puedan paralizar la instrucción, el enjuiciamiento o incluso dejar sin efecto las condenas por otros delitos que pudieran afectarles, supone una enorme acumulación de poder mediante la creación de espacios de impunidad». La vicepresidenta de FJI, Cristina de Vicente, calificó en conversación con este diario la ley de «atentado contra la igualdad». «A los jueces se nos presenta un conflicto. ¿Cómo le vamos a decir a quienes investigamos por los delitos que ahora se amnistían que ellos no se beneficiarán porque sus delitos no tienen un fin político?», reflexiona esta magistrada.

International Bar Association (IBA), la mayor asociación internacional de abogados y colegios de abogados con más de 80.000 juristas de 190 colegios en 175 países, se unió también a las críticas a las referencias al 'lawfare' por parte de los negociadores de la ley. El acuerdo entre PSOE y Junts contemplaba la creación de comisiones de investigación la próxima legislatura para fiscalizar el trabajo de los jueces en los procedimientos relacionados con el 1-O y la declaración unilateral de independencia.

Ante esta posibilidad, IBA también destacó «la importancia y necesidad de protección de un Estado de derecho fuerte, basado en la separación de poderes, donde el Poder Judicial, actuando de forma independiente y sometido únicamente al imperio de la Ley, tiene el papel principal para asegurar los derechos fundamentales de los ciudadanos y la aplicación de todo el sistema legal».