La mujer acusada de maltrato también perderá la custodia

Rubalcaba defiende la ocurrencia de Pajín y dice que es una medida cautelar y razonable

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G. SANZ/C. MORCILLO

MADRID

El Gobierno quiso ayer rebajar la polémica creada al conocerse que proyecta retirar la custodia a los imputados por maltrato antes de ser condenados en firme. Alfredo Pérez Rubalcaba aclaró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que la medida es «cautelar» —cuando haya sentencia firme el juez deberá revisarla— y que afectará indistintamente al hombre o a la mujer encausados por maltrato. El vicepresidente primero aclaró también que esa medida se incluirá en una reforma del Código Civil en marzo, no ahora. «Pensamos que lo niños van a estar mejor, no con el presunto maltratador o maltratadora, sino con el presuntamente maltratado», dijo el portavoz del Ejecutivo, quien hizo hincapié en que el gabinete quiere corregir deficiencias, dudas o lagunas que existen en el Código Civil vigente.

La presunción de inocencia

El artículo 92 de la norma prevé que cuando existe un proceso penal de violencia doméstica y también en otros supuestos no cabe la custodia compartida, sino que el juez de lo civil tiene que optar por asignársela a una de las partes que solicitan el divorcio o separación. A partir de la reforma de marzo, el juez no podrá elegir, se la tendrá que otorgar a la maltratada o maltratado.

Según el portavoz del Gobierno, la medida solo afectará a casos «muy concretos» en los que es «razonable» que la custodia de los hijos recaiga en la persona presuntamente maltratada y no al revés. Rubalcaba negó, además, que la medida pueda entrar en contradicción con la presunción de inocencia, debido a su carácter «cautelar». Recordó, a este respeco, que los procesos penales por maltrato se están resolviendo con gran celeridad y lo que se pretende ahora es evitar que, por cualquier razón, la custodia individual de los hijos vaya a «una persona que está imputada en un proceso penal por malos tratos».

Esas fueron las palabras de Rubalcaba sobre una reforma anunciada el día anterior por la ministra Leire Pajín que no entró en concreciones ni habló de mujeres maltratadoras, solo de hombres. No obstante, la referencia publicada por el Consejo de Ministros señala que «la reforma del Código Civil prohibirá de manera expresa la guarda y custodia al maltratador que esté incurso en un proceso penal por un delito de violencia de género», delito del que, según la Ley Integral contra este tipo de violencia, solo puede ser víctima una mujer.

El Ejecutivo, que reconoció ayer, por boca de Rubalcaba, que las distintas explicaciones han causado «alguna confusión», no se molestó ayer en aclarar este importante extremo: quiénes son los sujetos protegidos por la ley. No solo eso: tampoco hubo una sola mención a que los jueces ya tienen la potestad de retirar la custodia a los maltratadores con carácter cautelar en casos de violencia de género (se ha llevado a cabo en 11.000 casos en los últimos cinco años), tal y como recordó ayer la vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Inmaculada Montalbán.

Riesgo extremo: 19

La iniciativa aprobada ayer va más allá de la propuesta de la subcomisión del Congreso que se refería a sentencias firmes. La asociación Jueces para la Democracia (JpD) volvió a contestar la medida y reprochó al Gobierno «la preocupante desconfianza» que muestra hacia el Poder Judicial. Según JpD, el Ejecutivo hace un uso «demagógico y simbólico» del Derecho Penal y Civil y presupone que los jueces van a resolver «de forma contraria» a los intereses de las víctimas.

Con esta polémica, el paquete de medidas anunciado en materia de violencia de género quedó prácticamente sepultado —impedir que los condenados hereden el patrimonio de la víctima, elaborar un protocolo sanitario para mujeres vulnerables como inmigrantes o discapacitadas y prohibir que cualquier empleado público condenado por este tipo de delitos pueda trabajar en servicios de violencia de género, como ha ocurrido hasta ahora—. Igual que las cifras con las que Interior no se suele prodigar. Según las ofrecidas, 92.504 mujeres tienen medidas de protección o asistencia policial: diecinueve se encuentran en situación de riesgo extremo de que las maten, 361 tienen un riesgo alto y el resto están encuadradas en niveles de riesgo medio y bajo.