Montero ignora al PSOE que le exige irse ya a Andalucía

Pedro Sánchez realizó una operación de alto riesgo político cuando decidió colocar a María Jesús Montero al frente de la federación andaluza. La decisión política se perpetró tras vencer las intensas resistencias que durante meses presentó la vicepresidenta del Gobierno, pues su salto a Andalucía supondrá de facto el cierre de su etapa en el Ejecutivo. El poder que ha ido atesorando Montero hasta la fecha es inédito. En su persona concentra hasta cinco cargos: vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE, secretaria general del PSOE andaluz y precandidata a la Junta.

La «mujer para todo» de Sánchez no tiene prisa por despojarse de ninguna de estas atribuciones y pretende seguir compatibilizándolas hasta que sea estrictamente obligatorio. «Lo haré en el momento que sea oportuno, cuando ya nos aproximemos a la fecha electoral», explicó en una entrevista en «El Correo de Andalucía», aferrándose al precedente que ya operó para otra larga lista de ministros-candidatos que no abandonaron su sillón en el Consejo de Ministros hasta que se vieron legalmente forzados a ello por el régimen de incompatibilidades. «Así ha pasado en otras ocasiones», comentan desde el entorno de la vicepresidenta, apelando a los casos de Salvador Illa, Carolina Darias, Reyes Maroto, Teresa Ribera o Pablo Iglesias, entre otros. En este caso se prevé que opere el mismo esquema, utilizar el BOE y la Moncloa como altavoz electoral para hacer campaña desde el Gobierno hasta que se convoquen los comicios.

El problema es que el revulsivo que Sánchez esperaba insuflar al PSOE andaluz con Montero no se ha producido. Las encuestas le son adversas, le otorgan peores datos que a su predecesor Juan Espadas y Juanma Moreno sigue consolidando una mayoría absoluta que en 2022 se cimentó sobre un voto socialista prestado que ya ha hecho propio. Con estos mimbres, arrecian las voces en el PSOE andaluz que piden que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda se despoje ya de esta doble condición y centre todos sus esfuerzos en sus responsabilidades de partido. Entienden que hacerlo solo a tres meses de que se pongan las urnas será demasiado tarde. Montero, por su parte, ignora cualquier exigencia en este sentido y se muestra firme: «Soy más útil para Andalucía desde Moncloa». La contradicción es que quienes le piden una dedicación exclusiva consideran que es, precisamente, su desempeño desde el Gobierno lo que resulta contraproducente como candidata. «Tiene demasiados frentes abiertos», resumen.

Se refieren a los temas más conflictivos, las negociaciones más sensibles que son las que Montero lleva entre manos. La financiación singular para Cataluña o la de los Presupuestos Generales del Estado, en la que los socios independentistas volverán a exigir contrapartidas, se antojan el peor cartel electoral con el que puede concurrir en Andalucía. «Esto aquí hace mucho daño», señala un dirigente andaluz que alerta de que sus decisiones al frente del Gobierno no ayudan, sino que minan sus expectativas, y pueden acabar condicionando su desempeño como ministra y candidata.

Montero aspira a «cerrar carpetas» antes de abandonar Moncloa. La quita de la deuda está prácticamente encarrilada, pero queda todavía por delante la más trascendente, la de las cuentas públicas. Fuentes gubernamentales avanzan una negociación larga, aunque ya se haya activado la maquinaria para su elaboración y se prevea llevar el techo de gasto para su aprobación en el Consejo de Ministros este mismo mes de septiembre. La aspiración de Montero es que el proyecto presupuestario pudiera entrar en vigor en tiempo y forma, esto es, aprobarlo en Cortes antes del próximo 1 de enero, sin embargo, se reconoce –a continuación– que no se «apretarán las tuercas» a los socios para forzar el calendario. En todo caso, el reloj de Montero –y del propio Sánchez– no está en su poder, sino en manos de Juanma Moreno. Él será quien marque los tiempos, activando la convocatoria electoral. Como tarde, tendrá que hacerlo en abril y este es también el «deadline» que tiene Montero si quiere dejar negociadas las cuentas antes de irse.

El desembarco de la vicepresidenta en Andalucía no ha acabado de fraguar. El último Barómetro Andaluz que publicó el pasado julio el Centro de Estudios Andaluces (Centra), el denominado CIS andaluz, preveía que perdería 4,3 puntos respecto al resultado conseguido en 2022 y sus actuales 30 escaños –su suelo histórico– se hundiría todavía más, en una horquilla de 24-26 parlamentarios.