Moncloa quiere más nacionalizaciones y sopesa hacerlas retroactivas

Esta decisión permitiría conceder el DNI español por la vía rápida –sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento– a quienes se les denegó la nacionalidad e interpusieron recursos administrativos que hoy siguen vivos, y también a quienes no recibieron contestación a su solicitud, siempre que su supuesto entre dentro de la ampliación que contempla la Ley de Memoria de Pedro Sánchez. ABC ha solicitado a Exteriores y a Justicia las cifras de extranjeros que se encuentran en ambos supuestos pero no han ofrecido los datos.

Según ha podido saber ABC, la Abogacía del Estado ha avalado esta aplicación retroactiva. La Subdirección General de Nacionalidad le solicitó informe ante varias «cuestiones dudosas», siendo ésta la primera de ellas. Y los abogados del Estado le dieron su visto bueno subrayando que la nueva Ley de Memoria de Sánchez supone una ampliación de derechos: «implica que existan casos en que aplicando la Ley 52/2007 –la de Zapatero– (...) haya de dictarse una resolución denegatoria que, en cambio, sería favorable si a esas solicitudes se les aplicara ya la nueva Ley».

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Aún así, el citado órgano no llegó a esta conclusión fácilmente sino tras un profundo análisis que ocupa más de seis páginas del informe, y en el que señala la improvisación del Gobierno y las lagunas que tiene esta aceleración de nacionalizaciones. La primera, que la Ley de Memoria Democrática no incluye «ninguna disposición transitoria que establezca la posibilidad de aplicar» su contenido de forma retroactiva.

En esta falla reside «la dificultad» para proceder en este caso, señala la Abogacía del Estado, ya que «debe decidirse si procede aplicar de manera retroactiva una ley cuando no contiene ninguna previsión al respecto, es decir, ninguna regla de derecho transitorio donde se contemple de qué manera habrán de resolverse las solicitudes presentadas antes de su entrada en vigor pero aún pendientes de resolverse cuando la nueva ley empieza a regir». El Código Civil dice que «las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren lo contrario».

Aún así, los abogados del Estado han considerado que este debate puede resolverse positivamente para Justicia acudiendo a la Constitución y a la jurisprudencia. De este modo, concluyen que cabe aplicar la llamada retroactividad 'tácita', apoyándose en que la Carta Magna impide aplicar las leyes temporalmente hacia atrás, pero solo cuando se trata de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. «Cabe interpretar que el constituyente 'a sensu contrario' avala expresamente la posibilidad de que se dote de efectos retroactivos a las disposiciones normativas que sean más favorables en comparación con las que sustituyen o que amplíen los derechos individuales», dice el departamento que encabeza Consuelo Castro Rey, en base a una sentencia del Constitucional.

«Tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido sosteniendo que determinados tipos de leyes pueden beneficiarse de una retroactividad 'tácita'» aunque «no hayan incluido una previsión expresa al respecto», añaden los abogados del Estado, citando una sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 que recoge otras anteriores.

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Sin embargo, la cuestión no termina aquí ya que esa misma jurisprudencia establece que esa retroactividad 'tácita' pueda utilizarse en la Ley de Memoria Democrática de Sánchez es necesario que este texto interprete, complemente o desarrolle la Ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero. La Abogacía del Estado vuelve aquí a satisfacer la pretensión de Justicia al considerar que ese vínculo existe ya que ambas leyes «regulan exactamente lo mismo» y es «incuestionable» que la nueva ley «representa un progreso» respecto a la anterior, al ampliar los supuestos de opción a la nacionalidad española. En concreto, recoge el derecho al DNI para nietos y bisnietos de españoles, e hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad por matrimonio.

La segunda laguna que recoge el informe de la Abogacía, y por la que pregunta Justicia, es que la Ley de Memoria de Sánchez reconoce ese derecho a nacionalizarse a los bisnietos de españoles, como hijos de quienes se nacionalicen (nietos). Pero el plazo otorgado es el mismo para todos, dos años. Esta circunstancia estaba provocando que varios consulados y registros civiles inadmitieran peticiones de nacionalidad de bisnietos presentadas al mismo tiempo que las de sus padres, ya que la ley exige a los solicitantes ser descendientes de ya nacionalizados. En esa estrategia del Gobierno de acelerar el proceso de concesión de voto a descendientes de emigrantes, la Subdirección de Nacionalidad también preguntó a la Abogacía sobre la legalidad de admitir que los bisnietos puedan pedir el DNI antes de que sus padres lo obtengan.

Ante ello, los abogados del Estado empiezan señalando el «problema» que supone esa redacción de la Ley de Memoria ya que «es obvio» que si los bisnietos deben esperar a que sus padres reciban la nacionalidad española pueden «verse en la situación no poder hacerlo dentro del plazo». Finalmente, la citada institución también avala la pretensión de Justicia considerando que «no sería procedente inadmitir esas solicitudes» de los bisnietos, pero afeando la laguna. «Habría sido lógico que la ley hubiera incluido una previsión», subrayan en el informe, recomendando al Gobierno que prorrogue la vigencia de la ley para dar cabida a este colectivo o que reforme los plazos.

El Ejecutivo, por tanto, tiene vía libre para seguir acelerando su proceso de nacionalizaciones de cara a las elecciones generales. Desde que entró en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática a finales de octubre hasta el 28 de febrero, la red consular concedió el DNI a un total de 18.944 descendientes de españoles, según Exteriores. La previsión del Gobierno es acelerar el ritmo gracias a medidas como las de este artículo o al refuerzo de personal en los consulados.