Moncloa instará al fiscal general a que recurra al Constitucional y está dispuesta a acudir a Europa

Por esta razón, fuentes gubernamentales consultadas por ABC tratan de proyectar sensación de continuidad en la estrategia. No dan nada por perdido, pese a este primer revés que les lleva a activar su relevo, algo a lo que -hasta ahora- se habían negado. «Hay partido», sentencian, revelando que las siguientes pantallas ya están definidas y pasan por acudir en primer término al Tribunal Constitucional y, como último recurso, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Llegarán hasta el final por una causa que ha derivado en lo judicial, pero tiene mucho de política y en la que se libra la batalla por el relato ante la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«Nada ha cambiado», aseguran desde el entorno del presidente, en lo que respecta a su apoyo inquebrantable a García Ortiz, a quien han sostenido sin fisuras cuando estaba investigado y durante su paso por el banquillo. Con la sentencia encima de la mesa no habrá golpe de timón, pese a que desde Moncloa confirmaran ayer que, en los próximos días, se procederá al nombramiento de un nuevo fiscal general.

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La reacción fue inmediata y hubo quien tuvo que «morderse la lengua» para no responder airadamente y mantener la «prudencia» que se había impuesto como directriz inicial. Otros fueron más vehementes. «Es una vergüenza», señala un cargo. «Es algo gravísimo, le han condenado sin pruebas», tercia un miembro del Gabinete. Esta línea argumental, la de la prevaricación, se ha expuesto sin reparos incluso desde la mesa del Consejo de Ministros cuando hasta el pasado martes se sostenía que no había carga probatoria alguna contra él.

En clave más institucional, Moncloa no ocultó su oposición al fallo. «Respetamos, pero no lo compartimos», se limitaron a señalar, para, a renglón seguido, reconocer la labor de García Ortiz «en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado». Una consideración en la que fue más allá el titular de Justicia, Félix Bolaños, que incluyó el respeto por «deber legal», pero manifestó un rechazo por «deber moral».

En privado, las fuentes consultadas mostraban sin ambages su malestar. «Una cosa es el respeto a la Justicia y otra, muy distinta, que no veamos la actuación partidista de los jueces», se quejaban, dando alas a la teoría del 'lawfare'. Ya el presidente del Gobierno ubicó en estos términos el debate cuando en el arranque del curso, en una entrevista en TVE, acusó a «algunos» magistrados de «hacer política».

En Moncloa la prudencia fue deviniendo en enfado, pero algunos no ocultaban que «era lo esperado». «El Supremo no llega hasta aquí para absolverlo. Lo teníamos claro», señalan, aferrándose a la frase lapidaria de José María Aznar «el que pueda hacer que haga». «Y tanto que han hecho», sentencian en el entorno del presidente. Esto sigue abonando el argumentario gubernamental de que existe una «persecución» para tratar de tumbar al Ejecutivo y en Moncloa utilizarán todas las armas a su alcance. El problema para Sánchez es que esta vez no sale indemne, porque todavía sigue resonando aquella frase: «Y la pregunta es: ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado? Pues eso».